Defender su territorio les está costando vidas a los indígenas en Colombia, al punto que, desde agosto del año pasado han sido asesinados 121 en todo el país. En promedio se reporta el crimen de uno de ellos cada 72 horas.
La ausencia del Estado y la expansión de los grupos armados ilegales en sus territorios, hacen que la Guardia Indígena, con un bastón de mando como arma, sea la encargada de proteger la soberanía de esas comunidades, aunque eso signifique enfrentar grupos que empuñan pistolas, fusiles, ametralladoras y hasta granadas.
Lo ocurrido el pasado martes en zona rural del municipio de Toribío, Cauca, donde las disidencias de las Farc asesinaron a cinco nativos, entre ellos una gobernadora, es un claro ejemplo del conflicto que tiene las miras puestas en esas comunidades ancestrales.
“La Guardia Indígena de Tacueyó había retenido a tres supuestos integrantes de las disidencias y ese grupo ilegal, en una acción para rescatarlos, atacó a la guardia, dejando además de los muertos, otras seis personas heridas”, afirmó el Ejército.
La zona más golpeada
Solo en Cauca, en lo que va corrido del año, han sido 53 los indígenas asesinados en una confrontación directa con las disidencias de las Farc, específicamente con las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.
Giovanni Yule, uno de los representantes del Consejo Regional Indígena de Cauca, Cric, explica que lo que está ocurriendo allí es una reacción en contra de un ejercicio que tiene que ver con el avance de las autonomías de los pueblos, además de un control territorial con el que se quiere evitar que grupos armados hagan presencia en sus áreas.
“Miramos (sic) como los actores armados han logrado posicionar el narcotráfico en nuestros territorios y eso hace que las comunidades estén en picada. El narcotráfico es un cáncer, una enfermedad que silenciosa y sistemáticamente está causando la muerte de los pueblos indígenas. Nuestro llamado es que se ataque la causa del problema”, dijo Giovanni.
Pero, ¿por qué las disidencias de las Farc los están atacando? Para el representante del Cric, la razón está relacionada con salvaguardar las comunidades y atacar todo lo que tiene que ver con robos, asesinatos y también narcotráfico.
“La orientación es que todo lo que tenga que ver con esos ilícitos no pase por nuestros territorios. Si se ubica un vehículo con droga en su interior se debe incinerar. Eso ha tocado los intereses de esos señores que quieren mantener las rutas del narcotráfico por los territorios indígenas y quieren imponer su ley a sangre y fuego como ya lo han mostrado”, indicó.
Problemas en todo el país
Aunque en el departamento del Cauca es donde se presenta un panorama más oscuro, el conflicto armado también afecta directamente a los 102 pueblos indígenas de Chocó, Nariño, Arauca, Vichada, Magdalena (Sierra Nevada), Meta y Antioquia (ver infografía).
Precisamente en Antioquia, EL COLOMBIANO denunció, el pasado 13 octubre, la situación que viven 2.122 emberás de los resguardos Chajeradó y Murindó quienes se encuentran confinados en la selva del municipio de Murindó; llevan cinco semanas sin poder salir a cazar, pescar o cosechar, por cuenta de los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Clan del Golfo) y el Eln.
Algo similar ocurre en el departamento de Chocó, específicamente en el municipio de Bojayá, donde la Defensoría del Pueblo alertó por el confinamiento de 2.250 personas, entre indígenas y afro, por una inminente confrontación armada entre grupos ilegales. “El riesgo es para las comunidades de las cuencas de los ríos Napipí (Carrillo, Unión Cuity, Unión Cuity Central), Opogadó (Mesopotamia, Egoroquera, Unión Baquiaza), Doguadó (Playita, Villa Hermosa) y Bojayá”, añadió el Ministerio Público.
“Esta es la continuidad del genocidio indígena, que se ha venido denunciado desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, sin tener una respuesta por parte del gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque”, afirmó Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic.
Dicha organización hizo exigencias entre las que se encuentran “adoptar medidas necesarias para superar la situación de emergencia humanitaria, social, económica y cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca y todos los pueblos indígenas de Colombia, y coordinar diálogos para la erradicación de los cultivos ilícitos presentes en los territorios indígenas”.
Acciones del gobierno
Lo ocurrido en Cauca obligó al presidente Iván Duque a una visita a ese departamento, en donde se apersonó de la situación y anunció nuevas medidas con las que el Gobierno espera frenar en seco los ataques a las comunidades indígenas y estabilizar el orden público.
El mandatario reconoció que en los últimos años se desmanteló parte de “las estructuras de control territorial de la Fuerza Pública en Cauca” y, por esa razón, confirmó que en los próximos 40 días debe estar en operación la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, compuesta por 2.500 soldados.
“Tendrán una misión de tres propósitos: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico y desmantelar esas organizaciones (aparte de las disidencias de las Farc, allí también delinquen el Eln, una facción del Epl y bandas criminales)”.
Esta presencia del Ejército se une a la operación Atalanta que adelanta en esa zona la Policía Nacional. “Queremos darle al Cauca mejor presencia y estructura de la Fuerza Pública. Acá está el Estado unido”.
Por su parte, el procurador Fernando Carrillo anunció que para la próxima semana se convocará una reunión, en primera instancia, para que se establezca un diálogo entre las autoridades indígenas y la Fuerza Pública.
Vía libre a Carpa Blanca
Entre las medidas anunciadas por el presidente Duque está la de implementar la Carpa Blanca, una propuesta liderada por la Defensoría del Pueblo que busca coordinar, desde los territorios afectados, una respuesta institucional efectiva y oportuna en materia de prevención y protección concertada con las comunidades.
“Esto nos puede ayudar muchísimo. Podríamos coordinar acciones con todas las agencias del Estado”, expresó el mandatario.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, añadió que esta es una propuesta de tipo humanitario. “No es nada distinto al diálogo para conectar a las autoridades indígenas con Naciones Unidas, con las autoridades regionales locales, ministerio público para que estos hechos, de los que ya estamos cansados, se logren evitar”.
Sobre la Carpa Blanca, la Defensoría advirtió que esta debe ser aceptada por las autoridades indígenas y afro que habitan en el norte del Cauca.
Esta Carpa Blanca, la llegada de 2.500 hombres y la presencia del presidente Duque resultan medidas paliativas contra un mal al que no se le ha encontrado cura: el narcotráfico. En Cauca, según el último informe de la Unodc, hay 17.117 hectáreas sembradas con hoja de coca. Ese es el problema..
