El lunes 2 de junio la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala emitió una orden de captura contra Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano, y contra Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación.
La noticia fue anunciada por Rafael Curruchiche, vocero de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala. Según ese funcionario, Velásquez y Camargo estarían involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht cuando hacían parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país.
Tras el anuncio, las autoridades guatemaltecas expidieron circular roja de interpol contra Velásquez y Camargo. No obstante, esta no fue validada y, además, fue rechazada por diferentes autoridades y entidades internacionales.
El anuncio generó una serie de reacciones, incluyendo las de los propios Velásquez y Camargo, quienes dieron su versión de los hechos. Iván Velásquez citó una publicación que ya había hecho en el mes de abril, en la que expresó que cuando fue miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala afectó con investigaciones y resultados a importantes funcionarios y sectores de ese país involucrados en hechos de corrupción, por lo que esas personas, con gran influencia, iniciaron “una feroz persecución”, la cual, además, obligó a que se exiliaran jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, incluyéndolo a él y a Camargo.
La Fiscal Luz Adriana Camargo, por su parte, coincidió con Velásquez y calificó la situación como un “contraataque sin precedentes” después de haber involucrado a personas poderosas de ese país en hechos de corrupción. También aseguró que la decisión “carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad”.
El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, rechazó la orden de captura emitida y expresó “profunda preocupación”, pues la decisión carece de sustento y “constituye un atentado contra los principios fundamentales de justicia internacional”.
Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala, fue entrevistado en la emisora La W Radio y expresó, en referencia a esta situación, que el sistema judicial de su país “está capturado”. Este también coincidió con Velásquez y Camargo en que la decisión obedece a una retaliación, pues habrían desarticulado por lo menos 60 redes de corrupción.
António Guterres, secretario General de la ONU, se pronunció sobre la decisión de la justicia guatemalteca y exigió que se respete la inmunidad que poseen Velásquez y Camargo al haber hecho parte de esa comisión. En el comunicado también expresó que hay preocupación por los procesos penales que se abrieron en ese país contra quienes investigaron casos de corrupción.
Vale la pena mencionar de Rafael Curruchiche, vocero de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala y encargado de dar la noticia, ha sido señalado de perseguir a exfiscales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y a críticos del gobierno de Alejandro Giammattei. Además, Curruchiche está incluido en la Lista Engel, en la que el Departamento de Estado de Estados Unidos reseña a personas involucradas en hechos de corrupción o de ir en contra de la democracia de sus países.
