La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó las solicitudes de sometimiento de Manuel Enrique Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez, exfuncionarios de la Presidencia durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, al determinar que sus delitos no están relacionados con el conflicto armado interno colombiano.
Pretelt de la Vega y Velásquez Echeverry fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por su participación en el pago de sobornos a congresistas para que se aprobara la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2004. Sabas Pretelt lo hizo como ministro de Interior y de Justicia y Echeverry Velásquez como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Para ambos casos la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estableció que el delito cometido por los exfuncionarios, por el que fueron condenados por cohecho, no está relacionado con el conflicto armado colombiano, “por lo que no son competencia de la JEP”.
Además, en el caso de Pretelt de la Vega la JEP anunció que, además de no tener relación con el conflicto armado, el sujeto “no presentó compromiso claro, concreto y programado, pese a que se le requirió en más de tres ocasiones”.
Tanto Pretelt de la Vega como Velásquez Echeverry estuvieron involucrados en el caso que el país conoció como la ‘Yidispolítica’, que consistió en el soborno a congresistas para votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe y que fue revelado por la representante a la Cámara Yidis Medina, quien aceptó haber recibido el soborno.
