En la mañana de este martes 27 de enero se realizó la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, en la que aceptó haber participado, «por omisión», en 38 casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
Los casos se presentaron en la región del Caribe, entre los años 2004 y 2005, cuando Figueroa se desempeñaba como comandante del Batallón ‘La Popa’, ubicado en la ciudad de Valledupar, Cesar.
Figueroa Suárez había sido imputado en el año 2021 por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP por lo hallado en la investigación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03. Sin embargo, este no había aceptado su responsabilidad, por lo que la Unidad de Investigación y Acusación presentó una acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y el proceso continuó por la vía adversarial.
Según el escrito de acusación, el coronel (r) Figueroa Suárez tenía conocimiento de las acciones de sus subordinados y permitió que estos cometieran 24 hechos en los que 38 civiles fueron asesinados para presentarlos como bajas en combate. Además, de esas víctimas nueve fueron torturados y once fueron víctimas de desaparición forzada.
En la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional que se realizó este martes Figueroa Suárez aceptó su responsabilidad en los 24 hechos en los que hubo 38 asesinatos.
“Sí, honorable magistrado, acepto responsabilidad por omisión, por no saber que las operaciones que ordené, a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes de Colombia, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, le respondió Figueroa al magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
Después de que Suárez aceptara su responsabilidad, la JEP programó una audiencia restaurativa para el próximo 24 de marzo en la que él tendrá que reconocer el rol que tuvo en los casos y lo tendrá que hacer frente a los familiares de las víctimas.
La JEP había informado que algunas de las personas asesinadas por los militares del Batallón ‘La Popa’ en ese periodo eran civiles en condición de vulnerabilidad y una de ellas tenía una discapacidad mental.
