El gobierno de Gustavo Petro adquirió 17 aviones de guerra de la empresa sueca SAAB Gripen que tuvieron un costo de $16,5 billones de pesos. El negocio fue ampliamente criticado por sectores de oposición que aseguraban que era mejor comprar aeronaves estadounidenses o francesas.

La Contraloría General de la República hizo la revisión del contrato del negocio y lo comparó con las ofertas de aeronaves de otros países, lo que permitió concluir, por diferentes motivos, que la opción sueca era la más favorable.

La Contraloría tuvo acceso a los documentos de diferentes etapas del proceso de compra, incluyendo prenegociación, cotizaciones, negociación, estudios previos, contrato, anexos técnicos, variables y una matriz de comparación.

La información analizada involucró las ofertas de aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia y los servicios técnicos y logísticos que ofrecían después una eventual compra.

Después de analizar todos los documentos de las ofertas, la Contraloría concluyó que SAAB, de Suecia, y Dassault, de Francia, aportaron más información técnica y sobre las condiciones económicas de un futuro contrato. Entre esas dos la sueca “contó con las condiciones más favorables para el país”.

La Contraloría analizó la información teniendo en cuenta nueve variables y 157 subvariables del comité evaluador de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí se concluyó que los aviones suecos presentan un costo por hora de vuelo inferior al de otros países y “se adaptan a la infraestructura colombiana al poder operar en pistas mucho más cortas e incluso en carreteras”. De igual manera, el mantenimiento tiene menor costo por ser monomotor.

“De acuerdo con el resultado de la evaluación de las propuestas, la ponderación de las puntuaciones en cada una de las propuestas llevó a concluir que la oferta presentada por SAAB – GRIPEN es la que se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país”, concluyó la Contraloría.

Esa entidad anunció que continuará revisando la ejecución y desarrollo del contrato.

Habib Merheg Marún