La Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) anunció que los próximos 22 y 23 de julio iniciará, ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado por diferentes crímenes cometidos en asocio con las extintas Farc-EP-
Según la acusación de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Luis Fernando Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, es presunto responsable, en calidad de coautor, del crimen de lesa humanidad de persecución, cometido en asocio con la extinta guerrilla.
Las investigaciones de la JEP demuestran que Almario Rojas, cuando era representante a la Cámara por el departamento de Caquetá, coordinó con la Columna Móvil Teófilo Forero la persecución, secuestro y asesinato de varios integrantes de un grupo político asociado a la familia Turbay Cote con el fin de consolidarle políticamente.

El acuerdo criminal dejó al menos 30 víctimas vinculadas a esa familia, entre las cuales había líderes, simpatizantes, colaboradores, seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.
Según la JEP, uno de los hechos más graves ocurrió el 29 de diciembre del año 2000, cuando la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc asesinó a Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni, Rafael Ocasiones Llanos, Diego Turbay Cote y a su madre Inés Cote de Turbay.
La defensa de Almario Rojas presentó dos solicitudes de nulidad y una de prescripción ante la JEP. Estos recursos fueron negados en primera y segunda instancia. Además, se hizo un llamado a no “entorpecer o dilatar” la administración de justicia con el uso de recursos o acciones improcedentes.
En las audiencias de juicio adversarial de los 22 y 23 de julio se presentarán las pruebas del caso contra el excongresista. Este podrá hacer reconocimiento tardío de responsabilidad o continuar con el juicio adversarial, instancia en la que podría demostrarse su culpabilidad y enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel.