Continúa la incertidumbre alrededor de la Ley de Garantías, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera anular el fallo que frenaba el congelamiento de esa regulación durante las elecciones del próximo año.
El pasado 10 de Noviembre, una jue elevó una tutela sobre la aprobación de la ley de garantías llevada al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá a ordenar al presidente Iván Duque y a los representantes legales del Gobierno nacional a abstenerse de darle aplicación.
Dicha mediad fue impugnada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que solicitó anular todo lo actuado argumentando ante la Sección Primera del tribunal departamental que la sentencia era improcedente en tanto le daba órdenes al presidente de la República sin que este llegara a ser notificado o vinculado formalmente en el proceso en ningún momento.
Según esa institución, “se han vulnerado los derechos fundamentales de la parte pasiva de la acción, siendo necesario declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la acción ya que el señor Presidente de la República tiene interés en las resultas del proceso, debiendo ser vinculado para que ejerza su derecho fundamental a la defensa”.
Lo anterior quiere decir que la nulidad aplica desde el momento en el que el juzgado bogotano admitió la tutela, no sólo por no vincular al primer mandatario, sino también porque dicha entidad no tenía competencia para decidir sobre el tema pues un decreto firmado este año indica que todas las tutelas que involucren al mandatario deben ir directamente al Consejo de Estado.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó “la remisión inmediata del expediente al Consejo de Estado ya que de la revisión y estudio del proceso allegado por correo electrónico se comprueba que en el asunto no se vinculó al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez”. Será esta entidad, entonces, la que tenga la última palabra sobre la Ley de garantías.
La semana pasada la Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación contra la decisión, provocando la reacción positiva de Duque, quien aseguró que se trata de “un hecho sin precedentes”.
“Celebro que la Comisión de Disciplina Judicial haya abierto investigaciones por estos hechos porque más allá de presentarse en la coyuntura actual, o de tener que ver con un hecho de connotación inmediata, estamos ante un hecho sin precedentes”, aseguró el presidente.