El Senado aprobó, con 77 votos, el acto legislativo para establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Lo hizo después de 13 años de estar sobre la mesa, sin tener éxito. Ayer el texto de la Cámara de Representantes fue acogido.
El presidente Iván Duque, quien respaldó el proyecto desde que era candidato y se comprometió a impulsarlo: “El Congreso ha sacado adelante esa gran reforma, que esperábamos tantas familias. Pensamos en tantos niños violentados, tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables. Como país reaccionamos y damos un mensaje claro, los derechos de los niños están por encima de los demás”.
El proyecto ayer tuvo un trámite rápido, pese a que los congresistas se detuvieron a estudiar qué hacer con una nueva recusación radicada contra los 22 legisladores de la Comisión Primera, que también estaban en la Plenaria, la cual buscaba evitar que el proyecto se votara. El argumento: que los senadores lo hacían para obtener beneficios políticos y que la recusación del 8 de junio no había sido resuelta.
Ante esto, la Plenaria decidió que la discusión y votación continuaba, pues no se había cumplido con los requisitos legales para radicar una recusación, según el presidente del Senado, Lidio García.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, el acto legislativo aprobado no requerirá sanción presidencial ni conciliación, pues el Senado acogió el mismo texto de la Cámara, y solo pasará a revisión de la Corte Constitucional en caso de que haya demandas, lo cual es esperable que suceda toda vez que hay quienes se han mostrado públicamente en desacuerdo con esta norma.
Vaticina el exministro de Justicia Yesid Reyes, que ante este panorama lo más seguro es que no supere la prueba de constitucionalidad “en la medida en que puede ser considerada como una pena que afecta la dignidad humana” y eso va en contravía de los principios constitucionales actuales.
¿Cómo puede considerarse esto
cuando se habla de castigar con
todo el rigor de la ley a los violadores
y asesinos de niños?
Por ahora, lo que sí está claro es que el Gobierno tendrá un año para presentarle al Senado un nuevo proyecto. Este tendrá el objetivo de regular cómo operará la pena, en un país en el que, por ejemplo, el año pasado se registraron 708 homicidios de menores de edad y hubo 9.952 casos de presunto abuso sexual, según Medicina Legal (entre enero y mayo de este año, según la misma entidad, la cifra asciende a 6.479 casos).
Con MAYOR razón la condena contra
este delito debería ser IMPLACABLE
Yohana Jiménez, hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez, quien impulsó la medida, destacó la aprobación como un acto de protección a la niñez. Precisó que con este paso “los colombianos le enviamos un mensaje al mundo, les contamos que en nuestro país no toleramos la violencia contra los niños, no perdonamos a los delincuentes que atentan contra ellos”, agregó.
Sin embargo, Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children en Colombia, sostiene que “la pena perpetua es inconstitucional y no garantizará la protección de nuestros niños. Por eso lo que pedimos es que se aplique la pena máxima que hay en la actualidad y que no haya rebajas de penas como ocurre hoy”.
Por eso senadores como Roy Barreras estuvieron en contra, pues a su juicio lo que hace es poner en peligro a la niñez, ya que no representa una real protección. “Han violado la Constitución y la Ley en el minusválido e inútil Congreso virtual, pero lo más grave es que lo han hecho para engañar a los colombianos con un falso proyecto de cadena perpetua mal hecho, que es cortina de humo ante el desastre del mal manejo de la pandemia”, manifestó Barreras.
Director: Habib Merheg Marún
