Legislación cobijará a 9.7 millones de menores
en edad escolar y estará a cargo de MinEducación
El Ministerio de Educación ha decidido establecer parámetros de seguridad para los estudiantes de primaria y secundaria, con respecto al uso de dispositivos digitales en los centros educativos, buscando garantizar una mejor salud mental y concentración en sus actividades académicas durante los procesos de aprendizaje.
Asuntos como el horario de manipulación, las limitaciones y las supervisiones de dichos dispositivos pasarán a ser reguladas de manera directa por las instituciones educativas y tendrán directrices claras para limitar el uso y proteger a los menores de los riesgos.
Así quedó estipulado en un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Congreso y que busca restringir el uso de dichos aparatos con el fin de beneficiar la integridad física y emocional de los menores.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que el estudio más reciente del Ministerio de las TIC reveló que el 76% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años tiene su propio teléfono móvil con plan de voz y datos, los legisladores concordaron en la necesidad de regular su uso.
¿Por qué la medida?
Dentro de los argumentos del representante a la Cámara de Representantes y autor del proyecto, Rodrigo Rojas, se encuentran estudios que concluyen altos índices de ansiedad entre menores que usan constantemente el celular y factores de riesgo como el ciberacoso.
Según un informe publicado en 2017 por Tigo, Une y la Universidad Eafit, de 436 niños y jóvenes del país encuestados, el 32% ha tenido contacto por internet con personas desconocidas y el 71 % de los encuentros que finalmente se dieron terminaron en casos de estafas y uso indebido de la información.
De igual modo, otros datos expuestos en el proyecto alertan riesgos de ciberbullying, afectaciones a la salud mental y prácticas sexuales prematuras.
En todo caso, el representante Rojas aseguró que la ley “no buscará de ninguna manera” restringir el derecho a la comunicaciones de los menores y que, en cambio, busca generar entornos seguros de aprendizaje que usen las herramientas a su favor. “Además, hay que resaltar que, en ningún caso, las instituciones podrán restringir o prohibir la comunicación entre los acudientes y los menores”, concluyó Rojas.
