El gobierno colombiano rechazó este miércoles el texto de los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas dado a conocer el pasado martes. La respuesta se refiere los señalamientos hechos por los expertos de la ONU, los cuales piden al Ejecutivo que “deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc”, en referencia al asesinato del exguerrillero Dimar Torres el pasado 22 de abril.
Para el gobierno “es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado (…) haya incentivado actos violentos contra excombatientes de las antiguas Farc”.
El comunicado oficial apunta que los tres relatores especiales de la ONU habían enviado el pasado 16 de mayo una comunicación diplomática expresando su preocupación y dudas sobre la muerte de Torres y la situación de los excombatientes de la guerrilla.
De acuerdo con el Ejecutivo, los expertos remitieron un cuestionario cuyas respuestas están en elaboración. “Sin embargo el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas (…) ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario”, apunta el comunicado.
La muerte del exguerrillero el pasado 22 de abril ha generado una serie de cuestionamientos contra el presidente Iván Duque y su gabinete. Inicialmente, el ministro de defensa Guillermo Botero afirmó con base en supuesta información militar que Torres había muerto en un forcejeo, lo cual fue rectificado días después tras el dictamen de la Fiscalía.
A este hecho se sumó la publicación días después del informe del diario estadounidense The New York Times, en el que se revelaba una política de resultados en el Ejército colombiano que instaba a los altos mandos de las fuerzas armadas a aumentar las operaciones y la presunta instrucción de duplicar el número de acciones militares.
La publicación, revivió en la opinión pública el temor de los llamados “falsos positivos”, las ejecuciones de civiles por parte de militares en medio de una política de recompensas por resultados durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y parte del de su sucesor, Juan Manuel Santos, de acuerdo con informes de Naciones Unidas y Human Right Watch.
