Con una votación de 5-4, el alto tribunal determinó que el exministro podrá impugnar su sentencia por el caso de Agro Ingreso Seguro. Minutos antes de tomarse esta decisión, la Corte Suprema de Justicia se declaró en sesión permanente ante lo que llaman «las graves consecuencias» que traería concederle una revisión de sentencia a Arias.
Este caso contra Andrés Felipe Arias comenzó en 2009 con las denuncias por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010); una línea de crédito con bajas tasas de interés para agricultores colombianos. Las Investigaciones revelaron que los dineros llegaron a grandes terratenientes que no cumplían los requisitos y que pertenecían a círculos cercanos del Uribismo.
El caso terminó en la Corte Suprema de Justicia que, después de un juicio, condenó en el 2014 al exministro de Agricultura a 17 años de prisión por haber aprobado millonarios créditos a favor de empresarios y grandes terratenientes.
Días previos a conocerse la decisión de la Corte Suprema, en junio de 2014, Arias se fue para Estados Unidos. Allí solicitó asilo, pero en agosto de 2016 las autoridades de ese país lo capturaron ante el pedido de la justicia colombiana y fue puesto bajo custodia del as autoridades de ese país.
Desde una cárcel en Miami, Arias dijo en octubre de 2018 que “lo más duro es saber que mis hijos tienen que crecer sin su papá solo por el odio de esa sala penal”. El exfuncionario del gobierno Uribe siempre ha insistido en su inocencia y ha manifestado que todo se trata de una persecución y odio por parte de quienes quieren afectar su imagen y la de su partido.
Ya detenido, luchó para no ser extraditado, pero finalmente aterrizó en Colombia en julio de 2019 para cumplir con su condena.
Entonces, emprendió otra lucha judicial: pidió a la Corte Suprema que revisara su sentencia, solicitud que fue negada por el alto tribunal.
Ante las pocas opciones que le quedaban, Arias apeló a la tutela que, en primera y segunda instancia, fue rechazada por las salas laboral y civil de la Corte Suprema.
Por último, el caso llegó a la Corte Constitucional, que concedió la revisión de su condena.
Director: Habib Merheg Marún
