De nuevo Uribe ante la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Bogotá el miércoles declaró improcedente la tutela que instauró Jaime Granados, con la que buscaba que se tumbara la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.

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En el comunicado, hecho público este jueves, Granados y Lombana señalan que “se interpondrá impugnación con la que se buscará que la Honorable Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han lesionado los derechos fundamentales del ciudadano” y a la vez señalan que “mediante sólidos argumentos constitucionales y legales, se espera restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa, frente a la interpretación que aplicó un juez con relación a un conflicto entre dos legislaciones procesales distintas”.

Precisan que los argumentos de rango constitucional de esta defensa, fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía General de la Nación, “la defensa del señor expresidente reitera que, lejos de una ofensa a la justicia, las acciones legales que buscan garantías y seguridad jurídica son elementos esenciales en una democracia”.

Este capítulo del proceso contra Uribe Vélez se movió este año con la presentación de una tutela por parte de Granados alegando violación al debido proceso y a la defensa. Esto motivado por la decisión que en noviembre del año pasado tomó el juzgado cuarto al considerar que en el expediente contra el exsenador es equiparable la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo sistema penal, con la imputación de cargos que hace parte del sistema que nos rige en la actualidad.

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El abogado Granados expuso su teoría en 69 páginas en las que citó jurisprudencia de las Cortes buscando convencer al Tribunal y calificó de “exótica” la decisión del despacho. Pero la Sala Penal, en apenas 23 páginas, le dijo que no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía.

“En este momento el proceso se encuentra en el escenario en el cual la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal debe determinar si presenta una solicitud de preclusión, el escrito de acusación y/o un principio de oportunidad”, dice uno de los apartes del documento.

Los magistrados van más allá en su respuesta y le dicen a Granados que no entregó el suficiente material de prueba que permitiera establecer la vulneración de los derechos tal y como lo alegó en su escrito.

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“Nada se allegó para demostrar la forma de su estructuración y la incidencia que tuviese en el menoscabo de sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia, los cuales se mantienen incólumes y con todas las garantías para ejercitarlos”, advierte la decisión firmada por los magistrados Rafael Enrique López, Ramiro Riaño Riaño y Julián Rodríguez Pinzón.

También reiteran que se declara improcedente el recurso del abogado del exsenador Uribe Vélez ya que dentro de la acción penal que cursa aún están los medios idóneos para reclamar los derechos al debido proceso y a la defensa.

Director: Habib Merheg Marún

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