Por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito derivados de los sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó y llamó a juicio al exsenador Antonio Guerra de la Espriella.
El excongresista está vinculado en la investigación debido a que, supuestamente, tiene relación con “los Bulldozer”, como se ha denominado a un grupo de congresistas que estarían implicados en los hechos de corrupción de la firma brasilera y quienes, al parecer, habrían intervenido en favor de sus intereses, mediante lobby, todo a cambio de coimas.
El 24 de enero de 2018, Guerra acudió a una diligencia privada ante el alto tribunal y aseguró tener la conciencia tranquila.
“Si usted mira mi cuerpo verá que no tengo la capacidad de una máquina de esa naturaleza, soy mucho más delgado. De manera que no había consecuencia entre el significado de la palabra ‘bulldozer’ y lo que yo pudiera hacer en el sentido como lo plantearon y lo planteó la Fiscalía”, aseguró.
Los otros congresistas que han sido señalados de pertenecer al grupo son Musa Besaile, Sandra Villadiego, Bernardo Miguel Elías Vidal, Martín Morales, Álvaro Ashton y el representante a la Cámara Alfredo ‘Ape’ Cuello.
En abril pasado, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exsenador Guerra por presunto tráfico de influencias para favorecer los intereses de las empresas Odebrecht, Concesionaria Ruta del Sol, Navelena y Afa Vías.
En ese entonces, el Ministerio Público cuestionó al exsenador por, al parecer, influir en otros servidores públicos valiéndose de su cargo de senador, así como de la relación derivada de su función, para conseguir una actuación, concepto o decisión que generaría un beneficio para la Concesionaria Ruta del Sol II, a las empresas Odebrecht y Afa Vías, con lo cual presuntamente también se vio favorecido con una suma de 200 millones de pesos.
Según las pruebas, “Guerra De La Espriella realizó gestiones ante los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que se aprobara y firmara un contrato de estabilidad jurídica que había presentado la Concesionaria Ruta del Sol II desde septiembre de 2010”.
En ese entonces, la Procuraduría calificó la presunta falta del exsenador como gravísima a título de dolo.
Director: Habib Merheg Marún
