Opinión: Kico Becerra
Es de todos conocido que el 60% o más, del trabajo en Colombia, es informal.
Con la pandemia y su cierre masivo de negocios, con la consecuencia del despido de trabajadores, en su mayoría «formales”, los informales han recibido una nueva competencia; todo trabajador cesante lo primero que hace es poner su negocio informal. Basta con salir a la calle para observar que, en toda calle, hay una mesa afuera con empanadas, papa rellena y plátano maduro.
Esto, agregado a que a los empleados (muchos, por cierto) se les redujo su salario, comenzando con el gobierno, que también ha reducido el valor de los salarios. A los trabajadores les toca aceptar o pierden el empleo; ese déficit en los ingresos de trabajadores formales hace que ellos también incursionen en la informalidad y pongan su venta de sándwiches o lechona, para «cuadrar» sus finanzas.
Ese es el mayor problema nacional hoy: El desempleo y la informalidad en el empleo. Esto está siendo utilizado, por muchas autoridades corruptas para, descaradamente, abusar con todo tipo de presiones, para esquilmar a todo quien quiera poner su negocio de supervivencia.
Si los gobiernos quieren realmente ayudar a los desempleados y emprendedores debe, cuanto antes, sacar una ley que flexibilice temporalmente ese sinnúmero de condiciones que tenemos, para instalar cualquier negocio. Leyes hechas para tiempos normales y pensando que somos un país desarrollado.
Si quieren comenzar con algo, comiencen con las de tránsito y transportes, la mata de leyes absurdas y fomentadoras de corrupción; todos sabemos eso. Los permisos para poner pequeños negocios en las casas, a los cuales se les piden imposibles papeleos, fomentan la ilegalidad y el chantaje vil de las autoridades.
¿Dos años de suspensión de esas normas mientras volvamos a nuestra típica anormalidad, será mucho pedir?
No hagan tantas reuniones para hablar de este tema; basta con un decreto de emergencia suspendiendo por 2 años las renovaciones de licencias vencidas, cámara de comercio, Invima, permiso de bomberos y tantas cosas más que se exigen para ser legal, en este País de la ilegalidad.
Ñapa: Terminado este susurro leí que ahora hay que cambiar de casco de los motociclistas. En plena pandemia, el vehículo de los colombianos que es la moto, es gravado con otro gasto: Comprar nuevo casco.
Naturalmente no hay dinero para eso y habrá que llevar los 50.000 pesitos para el guarda de tránsito.
¿Quién asesora al gobierno? Debería haber suspendido la entrada en vigencia de esta ley en lugar de servir de extorsionista en estos momentos.
Director: Habib Merheg Marún
