«Todo comenzó con las revueltas sociales…
El 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social. La mecha se prendió a propósito de un alza en la tarifa del metro de Santiago, con estudiantes saltando las barreras de control del subterráneo, pero derivó en intensas jornadas de protesta con gran violencia y, en paralelo, con masivas manifestaciones pacíficas. Entre los políticos y observadores sociales todavía no existe un consenso absoluto sobre las causas del estallido, pero hubo un concepto que marcó por esos días las calles: mayor dignidad en demanda por mejores bienes sociales…»
Hubo una jornada de tanta violencia, donde la democracia chilena estuvo en peligro. Fue el contexto en que prácticamente todas las fuerzas políticas intentaron buscar una salida institucional a la crisis política y negociaron en el Parlamento un acuerdo por la paz social y la convocatoria de un poder constituyente que redactara una nueva Constitución.
El primer error de valoración sobre el momento que vivió Chile: Magnificar el estallido social dándole el carácter de descontento general de la población con el sistema político y social que imperaba el descontento por las inequidades económicas y sociales que padecen algunos sectores, lo compartía el grueso de la población pero los promotores de los cambios le quisieron dar solución cambiando toda la Constitución y abriéndole paso a la consagración de privilegios para minorías en el territorio.
El texto definitivo tiene 388 artículos y 57 normas transitorias, con lo que hubiera sido una de las constituciones de mayor extensión en el mundo. Tiene 11 capítulos.
Una democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que en el país no se conoce; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de la naturaleza; descentralización del país. Junto con la propuesta de un Estado ecológico. Se trata de las primeras construcciones constitucionales que tiene un impacto directo del movimiento feminista; la “democracia paritaria” se lleva a unos 42 de los artículos.
Se establece una nueva relación de los pueblos originarios con el Estado chileno con la declaración de un Estado plurinacional, lo que representa que la nación chilena no va más.
Aunque existe cierto consenso respecto de los derechos sociales contemplados en las propuestas, los que la rechazaron apuntan a la gran cantidad que se consagran y a los riesgos de judicialización permanente ante la impotencia estatal para cumplir todas las demandas. Los puntos que generan mayor controversia son, justamente, los rupturistas. Junto con el Estado plurinacional y las autonomías territoriales indígenas, las principales voces del Rechazo apuntan a propuestas como el sistema de gobierno: un presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico que, en la práctica, implica, entre otros asuntos, la desaparición de una institución de 200 años de historia, como el Senado.
Otro de los puntos controvertidos tiene relación a los sistemas de Justicia, que reemplazarían al poder Judicial: “Habría una juridicidad para una parte de la población, los pueblos indígenas, y otra para el resto de la población” Esto genera conflicto de generaciones más que entre la derecha y la izquierda; el voto de los adultos mayores fue clave para que ganara el rechazo.
La lección que debe aprenderse de este rechazo de la población chilena a su nueva constitución es principalmente, que más allá del sesgo ideológico que inspiren los cambios, deben comprender que en una nación conviven simultáneamente 3 generaciones. La joven, la adulta y la vieja. Con sus valores, costumbres, sueños y experiencias. Determinar un cambio general de las reglas de juego debe armonizar y conciliar los intereses comunes a todos y no caer en la trampa de darle rango constitucional a lo que por específico tiene solo tratamiento legal. Y defender el derecho fundamental de todos iguales ante la ley suprema. Una constitución que autodivida su indispensable unidad carece de sentido.
¿Qué sigue ahora? Buscar construir un acuerdo para corregir lo rechazado y depurar tanta individualización de derechos y privilegios. Sería un craso error del gobierno Boric buscar imponer la nueva carta magna rechazada. En esa polémica y malestar se le iría el tiempo de su gobierno.
