La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y seis meses de prisión a David Emilio Mosquera Valencia, quien ordenó el pago de prestaciones sociales a 50 personas que no debían ser beneficiarias, lo que después derivó en el pago de $2.568 millones de pesos a una abogada.
Los hechos sucedieron en los años 2002 y 2003, cuando Mosquera estaba designado como gobernador encargado del departamento de Chocó. El funcionario ordenó el pago de prestaciones sociales a favor de 50 personas, a pesar de que no tenía la facultad para hacerlo. Además, se estableció que una parte de los beneficiarios no tenía relación con la Gobernación.
Según el acta en la que se indica la condena de Mosquera, una abogada identificada como Jhonny Emilia Moreno Mena, en representación de una parte de quienes figuraban como beneficiarios, hizo valer las resoluciones firmadas por Mosquera, lo que derivó en dos desembolsos, en 2008 y 2009, que sumaron $2’568.076.451,4.
Además de la condena de siete años y seis meses de prisión, Mosquera deberá pagar una multa de 4.444,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le impuso una inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el estado.
Mosquera ya había sido capturado en el año 2024 por otros actos de corrupción cuando era rector de la Universidad Tecnológica del Chocó. El Ministerio de Educación y la Procuraduría establecieron que el funcionario estaba involucrado en la ejecución irregular de tres proyectos de la institución, uno por $15.500 millones de pesos, otro por $1.500 millones y otro por $23 mil millones.
