La Fiscalía anunció que fueron ocupados, con fines de extinción de dominio, 23 bienes que pertenecen a cinco personas involucradas en la pérdida de los recursos del proyecto de ‘Centros Poblados’, con el cual se debía instalar internet en escuelas rurales de Colombia.
Esa entidad anunció que los bienes ocupados son predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que suman un valor de al menos $65.900 millones de pesos. Las propiedades están ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
A Karen Abudinen, quien fue ministra de las TIC durante el robo de los recursos, le ocuparon una propiedad. El resto pertenecen a Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres; al llamado ‘Zar de la Contratación’ Emilio José Tapia, quien participó en el caso de ‘Centros Poblados’, pero también en el llamado ‘Carrusel de la Contratación’ de Bogotá; y a su esposa, la congresista Saray Robayo.
El caso de ‘Centros Poblados’ sucedió en el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encabezado por Karen Abudinen, adjudicó un contrato, por valor de 250 millones de dólares, con la Unión Temporal Centros Poblados para instalar internet en escuelas rurales de Colombia. El Ministerio entregó $70 mil millones de pesos a la unión como anticipo, pero todo el dinero fue robado.
Además de que el dinero fue robado, después se confirmó que las empresas que formaron Unión Temporal Centros Poblados no tenía experiencia para hacer instalaciones de internet y las pólizas de cumplimiento de contrato, que obligaban al contratista a devolver el dinero en caso de incumplimiento, eran falsas.
A pesar de la participación de Tapia en el caso de ‘Centros Poblados’ y en el ‘Carrusel de la Contratación’, este fue dejado en libertad el pasado 16 de diciembre y este fin de semana fue visto de compras en Barranquilla y escoltado por la policía.
