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Además de los $ 70.000 millones otorgados como anticipo, pago que tiene en serios líos a la ministra Karen Abudinen, el contrato contemplaba más pagos similares por otros 55.000 millones a otros contratistas.

El convenio, firmado por el Ministerio de  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en diciembre pasado, se adjudicó para llevar Internet a zonas apartadas del país por un monto de 1,07 billones de pesos, contrato para el que también se habrían presentado garantías falsificadas.

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En el documento también se contemplaban al menos otros cuatro pagos que suman 80.000 millones de pesos. El primero se debería haber dado en abril, por casi $ 22.000 millones, mientras que los otros tres estaban programados para tres fechas entre Agosto y Diciembre del 2021.

El siguiente abono se debía producir el 9 de Agosto, y también correspondía a casi 22.000 millones de pesos, misma suma que se cancelaría el 20 de Octubre. El 16 de Diciembre se debía cancelar una última cuota de unos 14.600 millones.

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CM& también revela los nombres de cuatro empresas que conformarían el consorcio Unión Temporal Centros Poblados, que recibió el anticipo y está señalado de haberse beneficiado con el fraude:

  • Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %).
  • ICM Ingenieros S.A.S. (35 %).
  • Intec de la Costa S.A.S. (15 %).
  • Omega Buildings Constructora S.A.S. (15 %).

Habib Merheg Marún