Al conocer que el lunes no había casi personas en el lugar de Toribío (Cauca) donde velaban a los dos guardias indígenas asesinados el pasado 10 de agosto en un ataque de un grupo armado a un bus escalera, la líder Aida Quilcué levantó la voz para preguntar ¿por qué la junta directiva extraordinaria del Consejo Regional (Cric) no se había hecho presente?

“Nos estamos separando y por eso, a veces, nos debilitan los enemigos. Yo sé que está muy difícil y en cualquier momento nos pueden matar a cualquiera, pero que nos maten parados y luchando y no arrodillados y con miedo”

dijo la consejera indígena.

En respuesta al llamado de la líder, al día siguiente, los cuerpos de los dos guardias fueron acompañados al cementerio por una multitud. Pero, pese a la demostración de unión de los indígenas, el peligro y el temor no se han ido de esta región del Cauca.

A la muerte de los dos guardias, Kevin Mestizo Coicué y Eugenio Tenorio, siguió el lunes de esa semana el secuestro y asesinato del rector del Instituto Agroempresarial de Huasanó (Caloto), Orlando Gómez.

Este año han sido asesinados 36 indígenas en el Cauca. Desde comienzos de este agosto, autoridades indígenas han venido denunciando un ‘plan pistola’ como retaliación al control territorial en el norte del departamento. 

Mientras que la Policía y el Ejército apuntan a que detrás de estos hechos están las disidencias de las Farc, el gobernador caucano, Óscar Campo, dice que todo apuntaría a carteles de la droga, pero no confirma que sean del cartel de Sinaloa, como lo refieren mensajes o panfletos amenazantes que han recibido los indígenas.

Entre las comunidades nativas se habla de una alianza con paramilitares que se mueven bajo complicidad estatal.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) señala que se han recibido dos amenazas, una del cartel de Sinaloa y otra de un presunto ‘distrito doce’, que habla de ‘la limpieza’ en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Tacueyó y San Francisco. 

Por su parte, el Gobierno requirió que se permita la actuación de los organismos de seguridad. 

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien visitó la región, señaló como dificultad que dentro de los territorios indígenas no entra la Fuerza Pública, lo que complica perseguir a quienes atacan a los mismos habitantes. Anotó que los guardias solo tienen bastones de mando y se exponen a los ilegales.

Ante esto, el consejero Harold Secué respondió que no es cierta la ausencia de esas autoridades porque en sus áreas hay siete bases militares.  La Comisión de Paz del Congreso, que sesionó a mediados de semana en Caloto, señaló que existe una sistematicidad en los asesinatos. 

“Hemos dicho que nos están matando, en tiempo de un posconflicto de un proceso de paz que el propio Gobierno ha querido acabar”

dijo el consejero indígena Harold Secué.

El senador indígena Feliciano Valencia dice que la situación de exterminio físico y cultural no se da únicamente en el Cauca sino que ocurre en diferentes regiones del país. “Cuando trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes se movilizan a reclamar derechos, la fuerza represora del Estado no se hace esperar. Cuando matan líderes sociales, campesinos, afros e indígenas el Presidente observa, se inmuta y no actúa”, dice. 

Para el gobernador Campo Hurtado, debe existir un cerebro frente a estas dinámicas delincuenciales. 

“Esta partida de ajedrez criminal tiene un jugador macabro, con una estructura superior, eso se llama mafia, y pedimos a la Fiscalía, el Ejército y la Policía evidenciar quiénes están detrás de la misma”, señaló. Las autoridades del Cauca establecieron un cuadro de recompensas de hasta 170 millones de pesos para quien brinde información que permita localizar a cabecillas de redes delictivas.

Director: Habib Merheg Marún