Hasta hace muy poco, antes de que toda la canasta familiar decidiera alcanzar las nubes, un litro de leche costaba menos que uno de gaseosa. Mientras producir un litro de la primera influye positivamente en toda la cadena agroindustrial (agro insumos, transporte, procesamiento, empleo rural), el mismo litro de bebida azucarada impacta mucho menos y produce según la Organización Mundial de la Salud (OMS), graves daños en quienes la consumen con periodicidad. Y aunque a algunos la leche no se la lleve bien con su estómago, una inmensa cantidad de colombianos la consumen como fuente de calcio y vitaminas.
Pues bien. Distintas reformas tributarias han intentado poner un impuesto a las bebidas azucaradas con dos fines: recaudar más dinero y desestimular su consumo. Todos los intentos de incluir ese impuesto en las reformas tributarias recurrentes en Colombia, han fracasado pues los congresistas no la han aprobado nunca debido, entre otras cosas, al fuerte lobby de los productores de azúcar y de refrescos.
El nuevo gobierno de Petro la quiere incluir en su nueva reforma y desde ya empezó la guerra informativa entre quienes la apoyan y quienes la defienden. En el grupo de los segundos está RedPaPaz una fuerte ONG que impulsa tanto ese impuesto como el llamado etiquetado frontal que alerte a los consumidores sobre lo que están llevándose a la boca. La ley de etiquetado no ha sido puesta en marcha por el gobierno Duque.
Vale recordar que el cigarrillo y las bebidas alcohólicas tienen impuestos altos y sus consumidores no es que se quejen mucho por ello ni que ese recargo tributario haya influido en su voluntad de consumo. Hay quienes se atreven a poner el azúcar a niveles de daño similares al cigarrillo o a las drogas pesadas y las estadísticas parecen darles la razón en cuanto al incremento de casos de obesidad y diabetes, entre otras.
La diferencia en esta ocasión frente al pasado cuando el impuesto no ha pasado, es que el próximo gobierno tiene “dulces” relaciones con el Congreso.
