El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes un informe sobre “prácticas de derechos humanos” en Colombia que incluyó observaciones (divididas en siete secciones) en torno a temas como ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, reclutamiento infantil, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sindicalistas.
El texto empieza por resaltar que “hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales. Según el Centro de Investigación y Educación de la Población (Cinep), del 1 de Enero al 19 de Agosto se registraron 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales”.
En este segmento, por ejemplo, se habla de la muerte de Javier Ordoñez a manos de los dos agentes de Policía señalados de haber causado el deceso el pasado 8 de Septiembre de 2020. Además –cita el informe– “la Fiscalía General de la Nación registró 25 nuevos casos de presunto homicidio agravado por parte de agentes estatales por homicidios ocurridos entre 2008 y Agosto de 2020”.
Paralelamente, el Departamento de Estado apuntó que “continuaron los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, en las que miles de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000. Hasta Junio, la Fiscalía General informó que el Gobierno había condenado a 1.740 miembros de las fuerzas de seguridad en 270 casos relacionados con falsos positivos desde 2008”
Hasta agosto del año pasado, recordó el texto, había investigaciones abiertas de 14 generales retirados y en servicio activo relacionados con homicidios de falsos positivos. “La Fiscalía General también informó que al 31 de Julio había 2.286 investigaciones abiertas relacionadas con homicidios de falsos positivos u otras ejecuciones extrajudiciales”, añadió.
Respecto a la situación de los líderes sociales, el informe no dejó pasar que, de los 400 casos de asesinato desde 2016 hasta agosto del año pasado, el ente acusador colombiano había ordenado 60 condenas.
