La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz condenaron a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía después de probar su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales.
Mejía tuvo un juicio adversarial que duró ocho meses en el que fueron escuchados 54 testigos y 299 horas de grabaciones. Además, se analizaron 329 mil folios. Allí se demostró que el militar aprovechó su cargo, como comandante del Batallón La Popa, de Valledupar, para propiciar el asesinado de civiles para que estos fueras presentados como
guerrilleros dados de baja en combate.
Cuando el coronel (r) Mejía era comandante de ese batallón se presentaron 35 hechos en los que miembros del Ejército, bajo su mando, asesinaron a 72 civiles, entre los años 2002 y 2003, para presentarlos como guerrilleros dados en combate. Las víctimas fueron tres mujeres y 69 hombres del norte del Cesar y del sur de La Guajira.
Entre los testigos está el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo al mando del Batallón La Popa en el periodo mencionado. Este aseguró que, incluso, uno de los primeros resultados de ese comandante fue el asesinato de un civil al que presentaron como baja en combate, “pero combate no hubo”, expresó.
Otro de los testimonios fue el del capitán (r) Nelson Javier Llanos, quien aseguró que en ese periodo hubo un operativo militar en el que fueron asesinados civiles que iban a ser presentados como bajas en combate. Llanos le manifestó su inconformidad a Mejía y este último le respondió, con tono autoritario: “Hermano: eran bandidos y tenían que morirse, ¿listo?”.
Además de los casos en los que civiles fueron asesinados por una fuerza del estado, también se acusó a Mejía de permitir la expansión territorial de grupos paramilitares en el Cesar. “Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate. Se trató de una colaboración criminal: mientras los paramilitares expandían su control territorial, el batallón mostraba resultados para simular una recuperación de la seguridad”.
Los magistrados de la JEP decidieron que la pena de 20 años dictada contra Mejía debe cumplirse en un establecimiento de reclusión de las fuerzas militares. Esta condena resuelve, de manera definitiva, la responsabilidad de Mejía en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa que las dos condenas previas en su contra, de 19 y 34 años, quedan sin efecto.
Por otro lado, la JEP también ordenó al Ministerio de Defensa que revoque las condecoraciones que habían sido otorgadas a Mejía por sus resultados en el Ejército que tienen relación con estos casos.
