La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su participación en 442 casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, en el departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007.
Según la JEP, los generales imputados, identificados como Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, lideraron una “política de facto de conteo de cuerpos en la jurisdicción bajo su mando (…) y así desatar el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzosamente para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia”.
Por este motivo, los generales retirados mencionados fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada por los 442 casos. Además, por primera vez en imputación de “falsos positivos”, la JEP responsabilizó a los implicados de torturar a 41 víctimas o a sus familiares, quienes eran campesinos, acusándolos de ser guerrilleros o colaboradores de guerrillas.
Además de los generales también fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales pertenecientes a los batallones Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’ (BIPEB); todos de Antioquia.
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A partir de este 19 de febrero los imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Podrán presentar evidencias y argumentos para justificar su decisión.
