A primera de hoy, el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los dos uniformados que enfrenta el proceso judicial por la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ocurrida en el CAI del barrio Villa Luz de Bogotá el pasado 9 de septiembre, acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación para entregarse voluntariamente.
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La Corte Constitucional tumbó de manera unánime –con nueve votos– el decreto 802, que permitía el traslado voluntario de las pensiones, emitido en el marco del Estado de Emergencia provocado por la pandemia del covid-19.
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La primera es del 24 de Octubre de 2019, por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, que quedó ejecutoriada luego de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el pasado 31 de enero; y la segunda es del 6 de marzo, por 14 homicidio en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas, que quedó ejecutoriada ese mismo día porque no se interpusieron recursos.
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Las víctimas de Andrés Noé Cortés fueron tres mujeres de barrios de Melgar y su modus operandi consistía en ingresar a altas horas de la noche o en la madrugada a viviendas con poca seguridad, para abusar de las residentes mayores de edad a las que reducía bajo amenazas y las cuales despojaba de sus pertenencias más preciadas.
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Esta respuesta de la senadora seguirá generando controversia en el país justo ahora cuando el Centro Democrático busca la manera de tumbar el acuerdo de paz y este sería un argumento muy válido para ponerle fin al proceso.
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