Si hay un tema álgido para el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, con relación a América Latina, es el de las sanciones a Venezuela. La región ha cambiado mucho desde que buena parte del gabinete entrante, como Janet Yellen, la nueva secretaria de Tesoro y Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado, así como el propio Biden (entre muchos otros), dejarán sus cargos una vez culminada la gestión Obama.
Para aquel entonces, los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México generaban un sólido sistema de alianzas en torno al gobierno norteamericano.
A partir de ahí, si bien el péndulo se abalanzó hacia la derecha en Argentina, Brasil y Ecuador, rápidamente devolvió su giro y hoy todos son gobiernos débiles o ya han cambiado su signo político. Mauricio Macri fue desplazado y el radicalismo del presidente Jair Bolsonaro comienza a verse mucho más impertinente una vez que Trump sale de juego. Chile es otro país después del estallido social, y Colombia ya no es una cabeza de playa estable. Ocurre algo tan inédito como que en México gobierna la izquierda. Y Perú es una quimera que en abril va a elecciones.
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En medio del maremágnum regional, Venezuela es objeto de unas severas sanciones económicas aplicadas por el Departamento del Tesoro durante la gestión del presidente Donald Trump, que terminaron de liquidar una economía que ya estaba caotizada.
Dichas sanciones son la parte más hiriente de la estrategia del gobierno republicano hacia Venezuela, acompañada casi unánimemente por los gobiernos de América Latina y Europa.
Los gobiernos progresistas de México y Argentina se han interesado mucho por adoptar una posición distinta al Grupo de Lima, una coalición cuyo objetivo era exclusivamente derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y que respaldó las políticas del gobierno de Trump de cercar financieramente al país suramericano, independientemente del impacto que tendría en la población civil.
Este grupo fue muy activo y avivó los intentos de intervenir Venezuela por varias vías. Incluyendo el respaldo al frustrado golpe militar del 30 de abril de 2019, que Juan Guaidó y Leopoldo López dirigieron de manera pública, apoyados abiertamente por Elliot Abrams, el representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela.
Por su parte, la Unión Europea también cambió de rostros. Ya no son los tiempos de Federica Mogherini. A mediados de diciembre, Josep Borrell, el actual canciller europeo, planteó lo que era un tabú para el trumpismo latino: «Hay que volver a plantear una negociación entre las partes». Esto significa un cambio de dirección de su oficina.
Todo esto tendería la mesa para un giro político de la administración demócrata, aunque no se espera que haya una eliminación total de la política de sanciones.
La agencia Bloomberg publicó a mediados de diciembre una nota en la que se afirma que el equipo de Biden estaría preparando un escenario de diálogo con el gobierno de Maduro, y ubican la crisis en Venezuela como «el mayor desafío diplomático que enfrentará [el nuevo presidente] en el hemisferio Occidental».
Según un informe del Instituto de Las Américas de la Universidad de San Diego en California, un análisis realizado por Energy & Environment (E&E), habrá cambios importantes en la política estadounidense sobre Venezuela.
Director: Habib Merheg Marún
