Jueces penales de circuito de la ciudad de Bogotá emitieron órdenes de captura contra once médicos de diferentes ciudades de Colombia por haber obtenido irregularmente diplomas que los acreditaban como especialistas en cirugía plástica y estética.
La decisión se tomó tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador estableció que los once médicos involucrados obtuvieron un diploma irregular de una universidad ubicada en Brasil.
A pesar de haber obtenido el diploma, los acusados no cumplieron con el requisito de esa institución de cursar cuatro años de manera presencial, sino que viajaban a ese país por periodos cortos de máximo 95 días.
De igual manera, la Fiscalía estableció que los médicos habrían suministrado información falsa al Ministerio de Educación colombiano para convalidar en el país el supuesto título brasileño. Entre los documentos irregulares habría certificados de cumplimiento de horas cursadas y horas de prácticas en hospitales.
Los médicos involucrados fueron identificados como Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero, Rodolfo Albeiro López Zapata, Giovanni Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva.
Jaramillo, Locano y López Zapata fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de prisión y a pagar 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El resto fueron sentenciados a 7 años de prisión.
El abogado Juan Camilo Sanclemente representará a los médicos involucrados. El defensor anunció que presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “graves violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado colombiano”.
Sanclemente expresó que los médicos “han sido sometidos a un proceso penal sin pruebas suficientes, vulnerando su derecho al debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia”.
El juez del caso también estableció que los involucrados sean inhabilitados para ejercer funciones públicas por 5 años.
