El motivo, según el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, es el riesgo de que las violaciones de derechos humanos sean consideradas como una situación extremadamente grave. Aún cuando el primer paso de la visita de la CIDH sea levantar un informe, este puede convertirse en insumo para un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre estos estaría específicamente el decreto que autorizó la asistencia militar en las ciudades del país.
Para los expertos juristas de la nación, el informe de la CIDH podría señalar al presidente Duque y al Ministro Diego Molano por haber ordenado la participación de las fuerzas militares durante las protestas. De igual manera, se estima que las sanciones, producto del informe, podrían tardar hasta el próximo año y no con la rapidez que esperaría la ciudadanía.
La CIDH salió del país llevando consigo las evidencias presentadas, tanto por parte de los organizadores del paro, así como las presentadas por el gobierno de Duque, para ser evaluadas con detenimiento y poder así emitir un juicio sobre lo ocurrido.
