La pregunta surge conforme avanzan las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados en Colombia: ¿por qué aumentan las víctimas, incluso en la cuarentena decretada como medida preventiva ante la crisis generada por el coronavirus?
El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se registra en lo que va del año 138 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados, al igual que 35 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Estos homicidios, focalizados en algunas regiones, habitualmente son determinados por los medios de comunicación como consecuencia de la disputa de organizaciones criminales, narcotraficantes y grupos residuales de la guerrilla por el control del territorio. Sin embargo, una mirada más profunda podría arrojar otras razones.
Para analizar este repunte de violencia, RT ha entrevistado al senador colombiano Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos, fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC
RT: ¿Cuáles son los factores que pueden afectar el aumento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes durante el confinamiento por el coronavirus?
IC: La Fundación Ideas para la Paz recoge en un informe que los asesinatos de líderes sociales aumentaron 53% entre enero y abril. En esto hay que examinar las dinámicas de las regiones porque el asesinato de líderes sociales se concentra en pocas zonas del país, que son extensas pero muy focalizadas. En el Cauca hemos tenido un reclutamiento de la violencia, allí hay una situación muy grave que tiene que ver con la lucha por la tierra y la violencia contra los pueblos indígenas, que está relacionado también con la lucha de control territorial de grupos armados que han llegamos y tenemos que ver con las relaciones que tienen las fuerzas militares y de policía con el narcotráfico y minería ilegal. Algo similar pasa en el Catatumbo (Norte de Santander) y en el Bajo Cauca (Antioquia).
La acción de estos grupos ocurre en zonas en las que no hay mecanismos que pueden generar una visibilidad y un control social, lo que hace que se recluten. Se está aprovechando la pandemia para golpear organizaciones comunitarias, a los líderes sociales, sin que se produzca una reacción de la opinión pública, de los medios de comunicación y, por supuesto, sin una acción estatal.
RT: Si los organismos internacionales como la ONU le han pedido reiteradamente al Gobierno, la seguridad de los luchadores sociales, ¿por qué pareciera no haber respuesta?
IC: Uno de los conceptos más claros lo dio el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, que dijo que Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de los derechos humanos. Ahora, habiendo tanta recomendación, ¿por qué no hay una reacción? Porque hay que entender de fenómenos estamos hablando: el Gobierno ha planteado la tesis de que la muerte violenta de los líderes sociales obedece al narcotráfico, con lo que se ocultan varias realidades: una lucha intensa por la tierra, la verdad de las víctimas y las responsables.
Si uno profundiza, encuentra que detrás del asesinato de líderes que tienen que ver con los problemas de tierra, están los terratenientes
El propio problema del narcotráfico, en la versión del Gobierno, sigue siendo presentado como la existencia de los carteles, de unas organizaciones criminales, pero sin focalizar el problema: el narcotráfico no puede existir en Colombia y en el mundo sin un cierto nivel de connivencia con el Estado
Es inexplicable que en las zonas más militarizadas del país sea donde florezca el narcotráfico. Eso tiene que ver con un profundo fenómeno de descomposición de la Fuerza Armada y de la Policía . Es muy difícil que pueda tener una acción contra quienes están asesinando a los líderes sociales, si políticos y fuerzas militares, que son los encargados de afectados desde el Estado esa protección, están de alguna manera involucrados, bien mar directamente con los crímenes o con la omisión de hacer algo para contrarrestarlos.
RT: ¿Esos grupos perciben que hay complicidad del Estado?
IC: Hay complicidad, en algunos casos hay alianzas con algunos grupos para golpear otros, y hay utilización de los servicios criminales de esos grupos. Se nos está diciendo que hay grandes avances en investigaciones, que supuestamente es un número muy significativo de estos asesinatos están en vías de establecerse en la Fiscalía, pero nadie responde la pregunta de quién es el que encarga a esos grupos, que son realmente ejecutores materiales de la comisión de estos hechos criminales. Si uno profundiza, encuentra que detrás del asesinato de líderes que tienen que ver con los problemas de tierra, están los terratenientes; detrás de los que han sido asesinados por sus denuncias contra la corrupción, uno encuentra a los políticos o los propios militares.
RT: ¿El Estado ha fallado con su compromiso de cumplir con lo establecido en los acuerdos?
IC: El primer punto está incumplido en su totalidad, el que tiene que ver con la reforma rural, no hay ningún cumplimiento serio del acuerdo de reforma política y el cumplimiento del enfoque social del problema del narcotráfico es también muy reducido.
Director: Habib Merheg Marún
