La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, del Tribunal Especial para la Paz, fijó para el 4 y el 17 de Noviembre próximos las audiencias para escuchar en versión voluntaria a Rodrigo Londoño y Julián Gallo, luego de que las desmovilizadas Farc asumieran su responsabilidad como autores del homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
De acuerdo con lo definido en el auto 167 del 13 de octubre de 2020, Gallo, excomandante de la Red Urbana Antonio Nariño, deberá acudir el 4 de noviembre, sobre las 9 a.m., a las instalaciones de la JEP. Londoño, máximo jefe que tuvo la guerrilla, lo hará el 17 en el mismo horario.
En un comunicado, el tribunal explicó que ambas diligencias “tendrán como objetivo principal recibir el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad individual y colectiva de los comparecientes respecto a los casos descritos en la carta que enviaron a la Jurisdicción, donde se refieren a los crímenes cometidos contra: Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general (r) Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín”.
Los familiares de Gómez Hurtado, a su juicio, consideran que los principales sospechosos del crimen son el expresidente Ernesto Samper y el exministro Horacio Serpa.
“Ante las acusaciones infames difundidas por ellos en varios medios, en la que nos señalan de ‘comprar la tesis de crimen de Estado’ y de ‘buscar una indemnización millonaria por parte del Estado colombiano, nos permitimos reiterar que aunque la reparación económica es un derecho fundamental, ella no ha sido nunca el propósito fundamental que anima nuestra causa”.
La familia dijo sentirse revictimizada y ultrajada, luego de intentar por 25 años que “el crimen no quede en esa impunidad que tanto buscan los verdaderos autores intelectuales del homicidio”.
Aseguraron además los parientes de Gómez Hurtado que “las eventuales indemnizaciones que deriven de condenas en el marco de la acción penal serán destinadas como donación a la Defensoría del Pueblo, para la atención jurídica a través de la defensoría pública de oficio, en memoria de los ciudadanos falsamente imputados en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de estos años”.
Agregaron que “también hemos desistido de las acciones iniciadas ante la CIDH, las cuales nunca fueron siquiera admitidas o tramitadas”, pues el crimen fue declarado por la Fiscalía como de lesa humanidad el 17 de diciembre de 2017.
Director: Habib Merheg Marún
