La JEP había informado que algunas de las personas asesinadas por los militares del Batallón ‘La Popa’ en ese periodo eran civiles en condición de vulnerabilidad y una de ellas tenía una discapacidad mental.
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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas encontró con vida al ciudadano Jairo Hernández Oliveros, quien había sido desplazado de su municipio, Rioblanco, Tolima, en el año 1997 por razones relacionadas al conflicto armado.
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Ahora la JEP anuncia que denunciará a algunos funcionarios pues su comportamiento afectó las decisiones que el alto tribunal de paz tomó en su momento y que incluyeron la expulsión de Santrich de la justicia transicional.
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Alias “Jorge 40” deberá demostrar sin asomo de duda que el grupo bajo su mando sirvió de “bisagra” o punto de contacto entre los irregulares y el aparato oficial
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Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le ordenó al Gobierno Nacional pronunciarse públicamente para reconocer que los menores de edad reclutados en el marco del conflicto no son “máquinas de guerra” sino víctimas de la guerra.
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