Las autoridades de tránsito del país siguen en la búsqueda de fórmulas que acaben con su principal dolor de cabeza en los últimos años: las aplicaciones que fomentan los transportes informales, cuyos conductores han recibido 24.760 comparendos en los seis primeros meses del año, según las cifras del Simit.
Pese a que cada día se imponen 136 comparendos a los conductores que usan sus vehículos como transporte informal en el país, el gremio de taxistas ha paralizado las calles de las principales ciudades en cuatro ocasiones en un lapso de dos años. La razón obedece a la falta de regulación de estas aplicaciones que, aseguran, los obligan a competir en desventaja y los han llevado a una crisis.
Se desconoce con exactitud cuántas personas laboran en las plataformas de trasporte, pero se estima que son más de dos millones de conductores, que ante la poca oportunidad laboral, dependen económicamente de estos emprendimientos en donde muchos de ellos, hicieron la inversión en la compra de un carro nuevo para acceder al trabajo.
Contrario a lo que esperan los taxistas, en Colombia están proliferando estas aplicaciones, que empezaron con Uber (con 88.000 socios conductores) y ahora tienen como competencia otras seis compañías similares (Didi, Beat, Indriver, Cabify, Fory y Picap), las cuales se sumaron a viejos problemas en la movilidad de las ciudades en cuanto a la informalidad, como el mototaxi y el bicitaxi.
Según Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, estos servicios se están combatiendo en el país para hacer respetar las normativas vigentes, a falta de una reglamentación de estas plataformas que promueven estos transportes, pues, según denuncia, esta ilegalidad es “visible y rampante” en las ciudades.
Para Ostos, el Gobierno Nacional ha sido estricto con la aplicación de la normativa, por lo que incluso, junto con la Policía diseñó estrategias y grupos como el Comando Especial contra la Siniestralidad e Ilegalidad, dedicado a perseguir servicios de
transporte informales en las ciudades.
Según el Simit, en los últimos cinco años, fecha que concuerda con la llegada de Uber al país, se han impuesto 219.395 comparendos por utilizar vehículos particulares para fines de servicio público.
En lo corrido del año van 24.760 comparendos por esta infracción, de los cuales 11.255 han acarreado la inmovilización de los vehículos por las autoridades de tránsito. Además, según el Simit, 872 licencias de tránsito han quedado suspendidas.
Asimismo, Ostos señaló que la masificación de estas plataformas insta a que cualquier persona tome el carro de su casa y labore para esas compañías con la meta de ajustar la economía familiar, sin tener en cuenta el “inminente peligro de que ante un eventual siniestro no hay cómo protegerlo”.
Director: Habib Merheg Marún
