La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional.
Los imputados son tres mayores generales, dos brigadieres generales y 23 oficiales y suboficiales del Ejército con operaciones en la Costa Caribe. Según la JEP, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008 los 28 señalados participaron en 604 ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
La investigación permitió conocer que, además de las 604 víctimas del periodo comprendido entre 2002 y 2008, los militares estuvieron involucrados en el asesinato de otras 13 personas, entre las cuales hay un adolescente, a quien mataron con sevicia en el año 1995. La JEP narró la crudeza de este crimen así:
“Los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate”.
La JEP explicó que los crímenes se cometieron por integrantes de 19 unidades tácticas en los siete departamentos que integran la Costa Caribe, los cuales son Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
“El objetivo del plan criminal encontrado por la sala era aumentar artificialmente las cifras de resultados operacionales. Asimismo, la JEP concluyó que estos hechos constituyeron un patrón de conducta, orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos en el desarrollo estratégico militar que adelantaba el Estado colombiano en contra de grupos armados al margen de la ley y, así, generar una mejor percepción de seguridad entre la población”.
Esa jurisdicción señaló que en ese periodo se reportaron 796 bajas en combate. Se confirmó que, de esa cifra, 604 fueron ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa que de los resultados presentados el 76% fueron ilegales.
En el informe también se indicó que entre las víctimas hay 26 menores de edad, una mujer embarazada y 31 indígenas. Además, 122 no han sido identificadas.
Tras el comunicado, los imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Dentro del proceso podrán presentar argumentos y evidencias a su favor. Si aceptan responsabilidad tendrán una audiencia pública para reconocer los hechos. Por otro lado, si rechazan la imputación tendrán un juicio en un Tribunal para la Paz y si allí se demuestra su culpa podrán enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.
