La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación a principios de este mes por los ataques contra líderes sociales en el suroeste de Colombia, después de un ataque el pasado 4 de mayo contra más de 20 defensores de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y del Proceso de Comunidades Negras.
El Instituto Nacional de Medicina Legal cifró en 317 los líderes sociales asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019, según un informe divulgado este miércoles.
Los departamentos en los que más asesinatos se han registrado son Cauca (suroeste), con 67 casos, seguido de Antioquia (noroeste) con 44 y de Nariño (sur) y Norte de Santander (noreste), con 25 cada uno.
Estos dos últimos departamentos son de los más convulsos de Colombia por la fuerte presencia de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl), considerado por el Gobierno como una banda criminal.
De acuerdo a este informe, el municipio de Tumaco (Nariño) fue en el que más asesinatos de líderes sociales se cometieron, con 15, mientras que el segundo más violento fue Corinto, en Cauca, con once líderes muertos.
Uno de los colectivos que más ha recibido esta violencia son los indígenas, con 74 líderes asesinados, 12 mujeres y 62 hombres, principalmente de la etnia Nasa, con 32 muertos.
Según cifras del Gobierno colombiano, 4.500 líderes sociales tienen custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En lo que respecta a la violencia política, el informe de Medicina Legal señala que 31 militantes del partido político de izquierdas Marcha Patriótica fueron asesinados en ese periodo.
En su mayoría, los militantes asesinados hacían parte del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos ilícitos.
La semana pasada, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de la comunidad jesuita, alertó sobre el aumento de la violencia política en el país y del anonimato de los victimarios.
Según el informe de los jesuitas, 648 personas fueron asesinadas por este motivo en 2018, a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla FARC, en noviembre de 2016.
Según el informe anual de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre el país, al menos 113 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia el año pasado.
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