La emisión del decreto 575 le entrega a las fuerzas policiales y militares el poder en materia de vigilancia y mantenimiento del orden público, por encima de gobernadores y alcaldes de 8 departamentos y 13 alcaldías en tres regiones básicas: el sur, el sur occidente y el eje cafetero.
El decreto ordena a los mandatarios regionales y locales que utilicen la asistencia militar de manera obligatoria. Exige a los gobernantes levantar los bloqueos, decretar toques de queda para evitar enfrentamientos, recuperar “la productividad y la movilidad” y capturar a los responsables de actos vandálicos. En caso de no cumplir, los mandatarios se someten a sanciones por los entes de control. La norma fue rechazada por mandatarios como Claudia López, pero se mantendrá para buscar orden en sectores altamente convulsionados.
Los mayores afectados son los mandatarios del Valle del Cauca. No solo la gobernadora Clara Luz Roldán, del Partido de la U, está sometida a este decreto. También se encuentran en el mismo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; de Palmira, Óscar Escobar (ambos de la Alianza Verde); de Yumbo, John Jairo Santamaría (Liberal); de Buga, Julián Adolfo Rojas (coalición liderada por Colombia Justa Libres) y de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal (de Colombia Humana y el Polo).
El Valle ha sido el departamento en donde se han registrado los más graves bloqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública, especialmente en Cali que, solo el pasado 28 de Mayo, dejaron 13 muertos. Estos hechos de violencia se han extendido por todo el departamento, además de afectar gravemente el transporte de carga y pasajeros. El puerto de Buenaventura es el más afectado por los bloqueos.
