Los comportamientos corruptos que antes no pasaban de sanciones administrativas, en el mejor de los casos, ahora pueden llevar a cualquier ciudadano a prisión. El Código Penal Colombiano pasó de 11 a 16 delitos electorales, los cuales dan cárcel y pueden involucrar a gerentes de campaña, candidatos, ciudadanos y funcionarios.
A casi tres meses de las elecciones locales y a dos semanas de que se venza el plazo para la inscripción de candidatos, la Fiscalía y la Procuraduría convocan a la ciudadanía a revelar si son testigos de estas conductas, las cuales también acarrean multas para los infractores.
El 62 % de las anomalías tienen que ver con publicidad reflejadas en vallas, volantes, murales y mensajes de texto a celulares para promocionar a un precandidato.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, celebró el carácter penal de todos los delitos electorales e invitó a hacer más pedagogía con los partidos políticos. “Por ahora lo que más tenemos es propaganda extemporánea. El 27 de julio, cuando termine la inscripción, se empieza a presentar la participación en política de los funcionarios”, indicó Barrios.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, dijo que revisarán los informes de rendición de cuentas de las campañas e insistió en la pedagogía para que las personas sepan que pueden irse a la cárcel.
“Los partidos y los candidatos tienen que conocer esta nueva regulación, no se pueden quedar atrás. También es importante que los privados que financian campañas, se cercioren de reportar con el nombre y la identificación adecuada para evitar irregularidades”, afirmó Hernández.
Dar beneficios a una persona para que vote por determinado candidato, con contratos, dinero y dádivas, da entre 4 y 8 años de prisión. Deberá cancelar una multa desde $165 hasta $828 millones. Perturbar las elecciones y presionar al sufragante también son delitos penales con sanción económica.
Director: Habib Merheg Marún
