Este viernes vencerá el plazo para que agentes del Estado civiles y terceros que se encuentren vinculados a procesos judiciales en el marco del conflicto armado se sometan voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El plazo perentorio lo otorgó la Ley Estatutaria firmada por el presidente Iván Duque en junio pasado, en ella quedó consignado que pasados tres meses, quien no haga la solicitud se quedará bajo la competencia de la justicia ordinaria, y solo podrán someterse después quienes sean vinculados por primera vez a un proceso judicial por estos hechos.
Hasta el momento la JEP ha recibido 589 solicitudes, de las cuales 379 ya están repartidas en los despachos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; entre ellos hay empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos, sindicalistas, excongresistas, exministros, exalcaldes, y demás.
Los pendientes
La Fiscalía aseguró que 2.331 terceros y 1.835 agentes del estado civiles podrían estar involucrados en el conflicto armado y la JEP podría ser el escenario propicio para investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, únicamente si se someten de manera voluntaria, como lo determinó la Corte Constitucional, que también pidió celeridad a la Fiscalía en estas investigaciones.
Aunque la JEP no contestó a la petición de este diario acerca de cuántas solicitudes han sido negadas, EL COLOMBIANO conoció que en la mayoría de las oportunidades los solicitantes entutelan y apelan las decisiones, lo que colapsa a la magistratura, que, por lo general, ratifica la negación.
Mientras tanto, los casos de los exparamilitares Savatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; de los políticos Zulema Jattin, Álvaro y Juan José Chaux, los empresarios Enilse López y Benito Molina, y exfuncionarios como José Miguel Narvaez, entre muchos otros, siguen esperando pista.
Director: Habib Merheg Marún
