El Ministro Carlos Holmes Trujillo asegura que los 53 militares que llegaron a Colombia, sólo estarían en el país por espacio de cuatro meses. Esta afirmación se da, justo cuando la prensa y los congresistas atacan la llegada de los militares sin la debida aprobación del congreso.
Esta compañía, adscrita a la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los EE. UU., arribó en un completo hermetismo el pasado 1° de junio a Toleamida y, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue puesta en cuarentena para evitar contagios por covid-19. De allí saldrá a tres regiones diferentes a brindar asesoría a sus homónimos colombianos.
“Una vez cumplan el aislamiento se van a dividir en grupos más pequeños integrados por 10 u 11 (soldados). Irán a las fuerzas de tareas y el resto será el equipo de comando del grupo de asistencia técnica que ya está en Colombia”, expresó Trujillo.
Se pudo establecer que estos soldados extranjeros serán llevados al Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Meta y Caquetá, sitios en los que hoy se concentra gran parte de la confrontación; además, que la asesoría también será táctica y estratégica para combatir nuevas estructuras ilegales nacidas tras la desmovilización de las Farc.
¿Acaso estos soldados están autorizados
a participar en acciones de combate contra
grupos de narcotraficantes?
La consultoría de los soldados de Estados Unidos irá a las tres tareas conjuntas que operan en los departamentos mencionados, y son, en el mismo orden: la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, al Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; también llegarán a la Brigada contra el Narcotráfico, en Bogotá.
Entre las tareas, enfatizó el ministro de la Defensa, está la de brindar “asesoría a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Son tareas de asesoramiento, capacitación, entrenamiento, y no participarán en ningún caso en operaciones militares ni estarán en el terreno”, concluyó Trujillo.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Meta y Caquetá son regiones en las que históricamente se ha concentrado el 40% de las hostilidades, según analistas de Inteligencia Militar.
“La presencia a través de los años de estructuras de la antigua guerrilla de las Farc como el frente 33 en Norte de Santander, al que se sumaron el Eln y el Epl; en Nariño el Bloque Sur con los frentes 2, 29 y 64, las columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre, y la presencia del Eln; y en Guaviare Meta y Caquetá con todo el Bloque Oriental, además de la presencia de grupos paramilitares, generó afectaciones a la población civil y obligó al Estado a centrar su atención con grandes operaciones militares en estas áreas”, dice el analista.
Con la salida de las Farc del mapa de la guerra en el 2016, la confrontación no disminuyó y, por el contrario, nuevos grupos llegaron a estos sitios para controlar las rutas del narcotráfico y los laboratorios de cocaína, asunto que desencadenó, una vez más, la disputa de esas nuevas estructuras por esos territorios.
“Ese conflicto directo con las Farc mutó. Llegaron las disidencias a esos espacios donde ya había presencia de grupos posdesmovilización paramilitar como el Clan del Golfo. Estaban el Epl, el Eln y otras estructuras al servicio del narcotráfico. Todos se sumergieron en una disputa por las economías ilegales y, en esa medida, volvieron dinámicas de guerra que afectan a la población civil”, explica el analista del conflicto armado Juan Carlos Ortega.
Las dinámicas a las que se refiere el especialista son la instalación de minas antipersonal, el desplazamiento forzado, el homicidio de líderes sociales, la imposición de normas y la confrontación con la Fuerza Pública que, según la Fundación Ideas para la Paz, FIP, aumentó al pasar de 42 acciones en los primeros cuatro meses de 2019 a 55 en el mismo periodo en 2020.
“Se destaca el alza en los hostigamientos y emboscadas a la Fuerza Pública, la quema de vehículos, los ataques a la infraestructura petrolera y los ataques a la población y bienes civiles. El 29% de las acciones se concentraron en los departamentos de Norte de Santander y el 11 % Nariño”, destaca la FIP en su informe “El conflicto armado y su impacto humanitario y ambiental: tendencias durante la pandemia”.
Director: Habib Merheg Marún
