Por Mauricio Marulanda
La población de Ituango lleva dos años largos, denunciando los actos de barbarie que se cometen en su región, suplicando al gobierno Duque que tome acciones legales y envíe al ejército a salvaguardar la zona. Se ha reportado que la guerrilla está reclutando menores de edad y el número de asesinatos continua en aumento, pero como ya es costumbre, el gobierno está muy ocupado en otras actividades para enviarles la ayuda necesaria.
Curiosamente (sólo curiosamente), aparecen más de mil hombres del Clan del Golfo que llegaron a la zona para hacer sus acostumbrados linchamientos e impartir justicia a su manera. Por supuesto, debemos asumir que el gobierno Duque, aún no ha sido informado de esta incursión de los paramilitares y tal vez, con mucha suerte, dentro de unos quince días envíen a alguien a investigar.
En una carta que enviaron al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que el Clan del Golfo lleva a cabo la “Operación mil”, con el que pretende hacerse con el control del municipio. Como claro ejemplo, relatan, es la masacre ocurrida la semana pasada en Quebrada del Medio, donde fueron asesinados dos menores de edad, familiares de excombatientes de las Farc, y el conductor de una chiva; y el secuestro, tortura y asesinato de Alberto Elías Mora Uribe ocurrido el viernes 12 de junio en la vereda Buenavista.
Según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, “los organismos de inteligencia de Policía y Ejército coincidieron en determinar el interés criminal del Clan del Golfo y de los grupos residuales de presionar a través de distintos mecanismos el retiro de la fuerza pública que custodia del antiguo ETCR de Santa Lucía, ubicado en corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas”.
En definitiva las acciones del gobierno y los altos mandos del ejército, dejan en evidencia la poca o nada importancia que tienen ciertas regiones en Colombia, en donde las rutas del narcotráfico son controladas por los paramilitares y en donde las autoridades no hacen presencia para proteger a la comunidad.