CNE pone a Gustavo Petro en el ojo de la investigación por su campaña

El Consejo Nacional Electoral abrió investigación administrativa a Gustavo Petro, a Blanca Inés Durán (gerente de campaña) y a Dylan Fabián Fragua (auditor de campaña) por la financiación de la campaña electoral del primero en mayo de 2018. Esto por la posibilidad de que haya recibido dinero por parte de personas que estaban inhabilitadas por ser servidores públicos.

Este episodio judicial de Petro empezó cuando el abogado Eduardo Rincón Herrera presentó una denuncia ante el CNE, como se lee en la relatoría de la formulación de cargos, solicitándole “con carácter urgente una visita de supervisión y control a la Sociedad Monómeros S.A., con domicilio social en Barranquilla, a objeto de verificar la existencia de giros y/o transferencias (…) cuyo alcance pueda tener relación con las campañas al Congreso y a la Presidencia en 2018”.

Rincón argumentó que la mencionada empresa era propiedad, en un 94,47%, de la petrolera venezolana PDVSA. También dijo que “el hecho de que Petro sacara una copiosa e inusitada votación en el Atlántico crea un ambiente de dudas sobre la pureza de la votación, porque nunca ni el Partido Comunista, ni el Polo Democrático Alternativo, ni la Alianza Verde, ni la Unión Patriótica y menos el Partido Farc han sacado semejante caudal electoral en la historia del país en ese departamento”.

La denuncia fue aceptada por el CNE que ordenó que se revisaran los libros contables de la Sociedad Monómeros S.A. y, después de hacerlo, indicó que “no se encontraron coincidencias entre las personas jurídicas y naturales a que las Sociedades Monómeros S.A., Ecofertil S.A., Sociedad Portuaria Monomeros Colombo Venezolanos S.A., y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida habían realizado pagos o aportes con el listado de aportantes de la campaña presidencial del señor Gustavo Petro”.

Sin embargo, en el curso de la investigación, el Consejo Nacional Electoral investigó otros aportantes a la campaña de Petro que eran o habían sido funcionarios públicos. Se trata de Adelina Covo, Gonzalo Pérez, Sandra Mónica Salazar, Bertha Beatriz Bravo, Luis Alejandro Delgado y Olmedo de Jesús López.

Luego de revisar el Sigep -el sistema en el que se publican las hojas de vida de los funcionarios públicos-, el CNE encontró que, al momento de la elección, Sandra Mónica Salazar trabajaba en la Contraloría General de la República, Gonzalo Pérez era docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Bertha Beatriz Bravo hacía parte de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cartagena.

Amparándose en el artículo 110 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral determinó, entonces, formular los cargos a Gustavo Petro, Blanca Inés Durán y Dylan Fabián Fragua. “Sin importar el monto del aporte, a la luz de la Constitución y de la ley están prohibidos los aportes de personas que desempeñen funciones públicas”, indicó el organismo.

Petro, Durán y Fragua se exponen a una sanción que oscila entre los $13.432.480 y los $134.324.804. Además, el CNE también formuló cargos a la colectividad que avaló la candidatura de Petro: el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y a su representante, Martha Isabel Peralta Epieyu.

Sobre esta situación, el senador y excandidato presidencial afirmó que “no le abren a Duque investigación por los dineros del ñeñe y si el Consejo Nacional Electoral le pide a la fiscalía que le abra investigación penal en la fiscalía a una maestra humilde porque donó 95.000 pesos a mi campaña”.

Director: Habib Merheg Marún