En Colombia, la libertad por vencimiento de términos siempre ha sido interpretada como un sinónimo de impunidad cuando se trata de impartir justicia a un presunto delincuente. A pesar de que en varias ocasiones se ha llamado la atención frente a ello, las métricas indican que año tras año crecen registros de sindicados que retornan a las calles al no ser juzgados en los tiempos estipulados.
Según estadísticas recopiladas por la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 2009 y 2019 esas salidas incrementaron un 6 % en el total de libertades concedidas.
En 2012, de acuerdo con esos índices, 713 personas abandonaron los centros penitenciarios gracias al vencimiento de términos y, para el año anterior (2019), la cifra escaló hasta los 5.100 procesados libres por la misma causa.
Se ha comprobado que los abogados
defensores, son los encargados de
gestionar sobornos para lograr
que sus clientes logren su libertad
bajo esta modalidad.
El problema es más grave de lo que pensamos, “En Colombia, por cada 100.000 habitantes solamente hay 11 jueces, eso está por debajo del promedio de los países en Latinoamérica”, lo que significa que no sólo existe corrupción en el sistema jurídico, sino que el gobierno mismo, es cómplice al no invertir los recursos necesarios para fortalecer el número de jueces de la república.
“Las mismas magistraturas han manifestado que se requieren 11 billones de pesos para poder descongestionar el sistema judicial”, enfatizó.
Juan Camilo Muñetón, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, aclaró que el término correcto para esta garantía procesal es libertad por vencimiento de términos y es una consecuencia de los vacíos que existían en cuanto al derecho de plazo razonable dentro de un proceso judicial, otorgando a la defensa de los criminales una puerta de evasión a la justicia, que usada de manera inteligente, permite que los bandidos queden en libertad.
“Luego de algunas decisiones de la Corte Constitucional, el legislativo terminó imponiendo unos términos durante cada etapa del proceso. En consecuencia, si esos tiempos no se cumplen, una persona puede quedar en libertad porque se estaría desconociendo su derecho a un plazo razonable”, dijo.
Si el procesado y su defensor, continuó el jurista, comienzan a hacer maniobras dilatorias y a pedir aplazamientos injustificados, ese tiempo se descuenta a la hora de solicitar la libertad por vencimiento de términos.
En esta línea, afirmó que un sindicado no puede pasar uno o cinco años esperando una sentencia, especialmente porque el retraso obedece, casi siempre, a situaciones externas, por ejemplo, falta de funcionarios para resolver el caso.
Muñetón reconoció que esta garantía puede genera un descontento en la sociedad: “Lo cierto es que pasa lo contrario cuando son sus familiares los que están privados de la libertad. Ahí, digamos, la perspectiva cambia”.
“Casi que hasta que el Estado no limita tus derechos, la gente no es consciente de la necesidad de una pronta administración de justicia”, puntualizó el docente.
Director: Habib Merheg Marún
