Los taxistas de Colombia han anunciado que el miércoles de la próxima semana no trabajarán en protesta por los nulos resultados de las mesas de concertación que han tenido con el gobierno, pero, sobre todo, en contra de la existencia de los servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber o Indriver.
Que un sector entre a paro, vaya y venga. Cada cual busca defender sus intereses. Pero amenazar con bloquear las entradas de los aeropuertos y dejar los “carros tirados en las calles” como ha dicho el vocero de los taxistas Hugo Ospina, raya en el delito.
Si simplemente pararan demostrarían que hacen uso de su derecho legal a protestar. Pero bloquear las calles y afectar así a todo el país, no tiene sentido. Y no lo tiene porque en el pasado han hecho lo mismo y nada han conseguido: las plataformas cada día tienen más carros en servicio (debido entre otras cosas, al mal servicio de muchos taxistas), la gasolina sigue subiendo y la imagen del gremio cae en picada cada vez más hondo.
Al oscuro panorama no contribuyen ninguna de las ramas del poder público. Ni el ejecutivo cuyo ministro de transporte no decide nada, ni el legislativo que le ha sacado el cuerpo a los proyectos que buscan regular las plataformas. El judicial tampoco pues ve indiferente cómo un grupo de taxistas paralizan ciudades enteras y no procesa a nadie.
El 22 de febrero seguramente no habrá taxis y habrá bloqueos, pero soluciones, difícil.
