Ayer martes, un grupo de congresistas colombianos enviaron una carta a la CIDH en la que le piden de manera urgente, que la entidad designe y envía una comisión de verificación al país para atender la denuncia del presidente respecto a la “ruptura institucional” que el primer mandatario ha presentado.
Entre los 43 firmantes, están todos los del Pacto Histórico, los de Comunes y varios de las denominadas curules de paz.
La carta habla de la existencia de una “… amenaza inminente de una ruptura institucional y democrática en el país a raíz de la falta de independencia e imparcialidad de algunos órganos de justicia y de control”.
Sectores afines al gobierno han programado marchas para exigir que la Corte Suprema se decida y elija una fiscal de las 3 candidatas enviadas por el presidente Petro de manera que la Fiscalía no quede en poder de la vice fiscal Martha Mancera.
En su cuenta de X, el presidente aclaró: “… Un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso, la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”.
