La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este 9 de diciembre que su Sala de Reconocimiento de Verdad imputó como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región del Urabá a ocho exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, cinco civiles y 21 exintegrantes de la fuerza pública.
Según la JEP, las personas imputadas tuvieron relación con diferentes episodios de violencia ocurridos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y en el Darién chocoano. Según la información recopilada por esa jurisdicción, se acreditaron un total de 54.600 víctimas.
Es la primera vez que la JEP toma una decisión que involucra a tres actores juntos que son de su competencia: Farc, fuerza pública y terceros civiles. Según las investigaciones, estas personas estuvieron involucradas, de alguna manera, entre 1986 y 2002 en casos de desplazamientos forzados, muertes violentas, torturas, tratos cueles, violencia sexual, despojo de tierras y violencia basada en género.
Para imputar a estas personas la JEP tuvo en cuenta información presentada por 808 personas. Hubo aportes de 157 comparecientes y se revisaron 115 informes de organizaciones civiles y de víctimas.
La imputación de estas personas se dio de manera conjunta por sus delitos cometidos en esa región, pero eso no significa que todos hayan trabajado de manera articulada o con complicidad. De hecho, uno de los delitos mencionados en el caso es el asesinato de Liliana Londoño el 4 de mayo de 1997, quien fue víctima de las extintas Farc por tener una relación sentimental con un miembro de la fuerza pública.
Los exintegrantes de la fuerza pública y los terceros civiles, por su parte, tuvieron incidencia en desplazamientos forzados, asesinatos, torturas y violencia sexual, en asocio con grupos paramilitares, para despojar tierras, las cuales fueron destinadas posteriormente a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria asociados al Fondo Ganadero de Córdoba.
Las personas imputadas son:
-Exintegrantes de las Farc: Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’; Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; José Milcíades Urrego Medina, conocido como ‘Rigoberto Lozada’; Elkin Hernando Zapata Vidal, conocido como ‘Malicia’ o ‘Edward’; José Manuel Betancur Flórez, conocido como ‘Yarleison’ o ‘Chonto’; y Guillermo León Chancí Estrada, conocido como ‘Leonidas’ o ‘Chupete’.
-Exintegrantes de la fuerza pública: el general Alejandro Miguel Navas Ramos; los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas; los coroneles Pedro Vicente Bermúdez Lozano, John Mesa Moncada, Jorge Luis Mejía Rosas y Eduardo León Figueroa Cifuentes; los tenientes coroneles José Liborio Bermúdez Sarmiento, Germán Morantes Hernández, Bayron Gabriel Carvajal Osorio y Manuel José Pérez Pérez; los mayores Hernán Moreno Ríos, Sergio Enrique Pérez García, Héctor Julio Parra Gualtero, Rolando Aldemar García Nieto y Carlos Alberto Parra Trujillo; finalmente, el teniente Fabio Enrique Rincón Pulido; el subteniente Juan Manuel Grajales García; y los sargentos mayores Víctor Julio Jerez Flórez y Héctor Gutiérrez Vélez.
-Terceros civiles: Benito Osorio Villadiego, quien se desempeñó como gerente del Fondo de Ganaderos de Córdoba; Benito Molina Velarde, entonces presidente de la junta directiva; así como los directivos Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat. También fue imputado Carmelo Esquivia Guzmán, quien actuó como asesor jurídico de esa entidad ganadera.
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Los 34 imputados tienen un plazo de 60 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos atribuidos a cada uno. Quienes acepten la imputación tendrán audiencias públicas de reconocimiento y sometimiento a acciones restaurativas. Quienes la rechacen serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y allí podrían ser acusados y enviados a juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Si son hallados culpables, se enfrentan a 20 años de cárcel.
