Tres integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados tras ser señalados de entregar información reservada sobre operativos, desplazamientos y ubicación de tropas a una estructura del Clan del Golfo, en Antioquia, a cambio de dinero.
Los procesados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes habrían vendido la información entre enero de 2022 y febrero de 2025.
Según la Fiscalía, los tres uniformados estuvieron adscritos, en diferentes momentos, al Batallón Rifles de Caucasia, en Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, del sur de Bolívar.
La investigación señala que la estructura habría contado con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos. El fiscal del caso afirmó que existía “un brazo de corrupción operado desde la ciudad de Medellín y el municipio de Valdivia, en Antioquia”, dedicado a dar dinero a militares a cambio de información de inteligencia militar.
Según la Fiscalía, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos el 2 de enero de 2022, mediante una transferencia realizada por un militar retirado, para alertar sobre los desplazamientos de los uniformados que estaban bajo su mando en inmediaciones de Ayapel, Córdoba. Sicacha López, por su parte, es señalado de aceptar “una promesa remuneratoria” a cambio de la información.
La Fiscalía tiene información de que Henao Luna habría recibido una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022, después de la cual se habría producido la entrega de información.
Estos fueron capturados en Buenavista, de Distracción, La Guajira, y Yopal, Casanare, y fueron imputados, según su participación en la red, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Sicacha López aceptó los cargos y recibió medida de casa por cárcel, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a prisión mientras continúa la investigación.
El caso se conoce pocos días después de la captura del coronel del Ejército Carlos Didier Pérez Amorocho, señalado por la Fiscalía de entregar información reservada al ELN y a diferentes estructuras de las disidencias de las Farc. Pérez Amorocho habría recibido 15 millones de pesos en 2020 y posteriormente habría pactado pagos de hasta 30 millones de pesos para alertar sobre operativos militares. Este fue imputado por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y delitos relacionados con armas y municiones.
