La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y a dos de la Policía, pues, tras una investigación, se estableció que 32 masacres ocurridas en la Costa Caribe se dieron en el marco de un “alineamiento estratégico” entre los imputados y estructuras paramilitares.
Los exintegrantes de la fuerza pública imputados fueron declarados como máximos responsables de un patrón de violencia contra la población civil de la subregión de los Montes de María, entre 1999 y 2001.
La investigación de estos hechos se clasificó como Subcaso Montes de María del Caso 08 y la información analizada permitió establecer que en el periodo mencionado se desarrolló un entramado de relaciones entre paramilitares, fuerza pública y otros actores regionales. Esa confabulación incluyó acuerdos, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas, tolerancia operacional y ocultamiento de crímenes.
La información recopilada en la investigación incluyó versiones voluntarias de los comparecientes de la fuerza pública, observaciones de las víctimas, decisiones previas de la justicia y datos del Ministerio de Defensa.
Se concluyó que ese alineamiento estratégico señalaba a campesinos de ser colaboradores de la guerrilla, lo que los hacía blancos de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones de la libertad, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Entre 1999 y 2001, producto de esa estigmatización, se presentaron 32 masacres que dejaron un total de 284 personas asesinadas y 107 víctimas de violencia sexual y de género.
En la investigación de este subcaso se acreditaron un total de 1.219 víctimas.
Los exintegrantes de la fuerza pública imputados son:
-Por parte de la Armada Nacional, Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
-Por parte de la Policía, Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
Los comparecientes imputados tendrán un plazo de 15 días hábiles para reconocer o negar con pruebas su responsabilidad. Si la aceptan recibirán sanciones restaurativas. Si la rechazan sus casos podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, donde pueden recibir penas de hasta 20 años de prisión si se demuestra que sí son responsables.
Las víctimas acreditadas ante la JEP por este subcaso también tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las imputaciones.
