La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra a nueve exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP, a quienes se les demostró su responsabilidad en 94 incursiones armadas en las que hubo víctimas civiles e integrantes de la fuerza pública desarmados.
Los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados en este proceso ocurrieron en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío e incluyeron casos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, condenas o ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, dirigir ataques contra la población civil, dirigir ataques contra objetos protegidos (como hospitales, escuelas e iglesias), destruir bienes del adversario sin que lo justificara la necesidad militar, saqueos, matar o herir a traición (a través de engaños), asesinato, traslado forzoso, desaparición forzada, persecución y uso de minas antipersonal.
Los imputados son: Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien alias ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, alias ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, alias ‘Erick’ o ‘El Chivo’ y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
Según la JEP, estos fueron imputados como “máximos responsables” porque tenían cargos de mando sobre tropas, las cuales no actuaban sin su aprobación.
Este proceso cuenta en la JEP con 967 víctimas acreditadas, de las cuales 60 narraron los episodios de violencia sufridos por ellos mismos o por sus familias.
Tras ser notificados sobre la imputación, los comparecientes cuentan con 20 días hábiles para reconocer o negar los crímenes mencionados y 30 días hábiles para aportar observaciones e información nueva.
En ese plazo también deberán aportar información que permita a la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en la búsqueda de 30 personas que fueron desaparecidas en el marco de los crímenes mencionados.
También las víctimas tendrán 30 días hábiles para presentar observaciones y solicitar aclaraciones, precisiones y contrastaciones.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad por los hechos imputados la JEP convocará a una audiencia de reconocimiento de verdad con participación de las víctimas. Posteriormente recibirán sanciones para restaurar sus daños.
Si alguno de ellos niega su responsabilidad su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación para un proceso adversarial en el que podría ser vencido en juicio y enfrentar hasta 20 años de prisión.
