Este jueves 22 de octubre la Defensoría del Pueblo hizo un llamado el Gobierno para que evalúe algunos de sus nombramientos en altos cargos del Estado, pues involucran a personas denunciadas por casos de violencias basadas en género.
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo mencionó tres ejemplos para hacer la revisión:
-Hatem Dasuky Quiceno: nombrado como asesor del Ministerio de Culturas. Fue imputado en 2024 por presunto acto sexual violento y acoso sexual ocurrido en 2022 cuando era funcionario de la Embajada de Colombia en Chile.
-Eduardo Zapateiro: posiblemente vinculado a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol. Se encuentra en medio de una investigación de la Fiscalía por dos casos de acoso sexual contra funcionarias del Ejército.
-Jaime Gregorio Vives Pinedo: nombrado como presidente de Coljuegos. Fue denunciado por violencia intrafamiliar y violencia basada en género por su expareja sentimental.
La Defensoría del Pueblo cuestionó los mencionados nombramientos porque estos desvirtúan las denuncias y a las mujeres que las hacen. “¿Qué mensaje reciben las mujeres que han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener relevancia para quienes toman estas decisiones? ¿Y qué mensaje reciben aquellas que están pensando en denunciar? No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran”.
La entidad también resaltó la incoherencia de un Estado que promueve campañas de prevención, adopta protocolos de atención, pide confianza a las víctimas y, al mismo tiempo, toma decisiones contrarias a sus denuncias.
Por lo tanto, la Defensoría hizo dos llamados al Gobierno: revisar los nombramientos en aras de coherencia institucional y que se adopten criterios de contratación que tengan en cuenta ese tipo de denuncias.
