La Jurisdicción Especial para la Paz emitió un comunicado compuesto por ocho puntos en los que se desmienten los señalamientos que se han hecho en los últimos días contra ese tribunal de justicia transicional.
El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, propuso un recorte económico a la JEP, iniciativa que fue apoyada públicamente por el presidente Abelardo de la Espriella. Desde entonces sectores afines a esa colectividad iniciaron una serie de cuestionamientos.
En su comunicado, la JEP calificó la situación como una “estrategia sistemática de calumnias y desinformación con la que se ha buscado desacreditar su trabajo y a sus juezas y jueces”. Por lo que, a través de ocho puntos, se explicaron sus resultados y sus decisiones.
En el primer punto se rechazó lo que se ha denominado como “derroche de dinero”. Allí se explicó que la JEP opera con solo el 0,14% del presupuesto anual de la nación, porcentaje usado para investigar y juzgar más de 250 mil crímenes que tenían una tasa de impunidad del 90%, según las cifras de la Comisión de la Verdad. Los recursos también son utilizados para atender a las más de 600 mil víctimas que están acreditadas. Por otro lado, los salarios de los magistrados no son una decisión independiente, sino que están establecidos por el régimen legal de la rama judicial.
En el segundo punto la JEP desmintió que no se deje auditar, pues ha sido sometida a siete auditorías de la Contraloría y a 14 informes de la Procuraduría, en los cuales no se han reportado irregularidades. Además, en 2025 el Ministerio de Hacienda corroboró que se ejecutó el 99,3% del tribunal.
En el tercer punto la JEP calificó como engañosos los señalamientos sobre la poca emisión de sentencias, pues en los últimos días se propagó el rumor de que solo se han emitido cuatro. Sin embargo, se han tomado 3.618 decisiones, además de 1.800 tutelas y casi 1.400 apelaciones.
En el cuarto punto se desmintió que la JEP pretenda durar más tiempo del estipulado. Según mandato constitucional, esa jurisdicción debe durar 15 años, diez de ellos para investigar y cinco para conclusiones y sanciones. Actualmente van ocho años y, aunque la ley contempla una prórroga, esta no ha sido promovida.
En el sexto punto se rechazó el señalamiento de que no ha habido resultados en esos ocho años de ejecución y se presentaron cifras al respecto. Se ha identificado a 367 máximos responsables de graves crímenes, de los cuales 21 ya tienen condenas y 19 ya se están ejecutando. Además, ha otorgado más de 1.070 renuncias a la persecución penal, en su gran mayoría a favor de miembros de la fuerza pública; los guerrilleros reincorporados que no habían sido amnistiados con anterioridad recibieron 992 amnistías; se han recuperado y entregado 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y se han cautelado más de 80 lugares para continuar con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
En el séptimo punto se calificaron como falsos los señalamientos sobre un mejor trato a los exintegrantes de las Farc que a los comparecientes de la fuerza pública. La JEP aseguró que ambos grupos están bajo el mismo régimen.
En el octavo punto la JEP aseguró que los condenados sí tienen sanciones y labores, como restricción de libertad y movilidad, monitoreo electrónico y búsqueda de desaparecidos.
