La Sala de Reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 18 exintegrantes de la Fuerza Pública, 16 del Ejército y dos de la Policía, a reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencias sexuales y basadas en género contra civiles, algunos de los cuales fueron cometidos en alianza con grupos paramilitares.

De acuerdo con la JEP, en la investigación fueron identificados dos patrones. El primero corresponde a ataques contra comunidades señaladas de tener vínculos con grupos guerrilleros, en los que integrantes de la Fuerza Pública actuaron en alianza con paramilitares. El segundo comprende agresiones sexuales y otras violencias de género utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo y sometimiento de la población civil.

La imputación incluye delitos como esclavitud sexual, violación, persecución por motivos de género, tortura, asesinatos, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Cuatro de los comparecientes fueron llamados como autores por omisión, 13 como coautores y uno como coautor y autor de violencias basadas en género.

Entre los hechos investigados se encuentran la incursión paramilitar en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, en 1999; la masacre de Chiscas, Boyacá, en 2003; la incursión de Los Masetos en la provincia de Lengupá, entre 1991 y 1992; y las violencias sexuales y los asesinatos de menores de edad en Tame, Arauca, en 2010. También se investigaron agresiones cometidas durante operativos militares en Puerto Asís, Putumayo, y hechos de explotación y trabajos forzados contra mujeres y niñas en Puerto Gaitán, Meta.

En el caso de Tibú la JEP documentó que entre mayo y diciembre de 1999 al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente y 48 torturadas. Además, más de 50 habrían sido víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, mientras que más de 2 mil habitantes fueron desplazados por la incursión armada.

La investigación, que comprende hechos ocurridos entre 1978 y 2016, identificó un universo de 565 casos de violencias basadas en género contra la población civil con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

La Sala precisó que estas cifras corresponden a los hechos documentados y analizados hasta el momento y no representan la totalidad de las violencias ocurridas.

Para sustentar la decisión, la JEP analizó 217 informes presentados por organizaciones sociales y entidades estatales, recibió los relatos de 738 víctimas acreditadas y examinó 74 versiones voluntarias de comparecientes, además de las observaciones presentadas por víctimas durante audiencias.

Los 18 comparecientes tendrán un plazo de 15 días hábiles para reconocer o negar su responsabilidad en los crímenes imputados. Si la aceptan podrán recibir sanciones restaurativas. Si la niegan serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentarse a penas de prisión si se les demuestra su culpabilidad.

Habib Merheg Marún