El presidente Gustavo Petro anunció que su abogado, el estadounidense Dan Kovalik, inició la defensa judicial de la familia del pescador Alejandro Carranza, asesinado por las autoridades de Estados Unidos en uno de los bombardeos en el Caribe.
La denuncia se hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ejecución extrajudicial. Kovalik aseguró a CNN que esos bombardeos violan el derecho internacional y la ley estadounidense y expresó que se señalará a Pete Hegseth, secretario de Defensa de ese país, como autor del ataque que le causó la muerte a Carranza.
Esa denuncia contra Hegseth se suma a las críticas que ha recibido esta semana después de que una de las embarcaciones bombardeadas, iniciando septiembre, fue doblemente atacada, pues tras la primera explosión hubo dos sobrevivientes, por lo que los bombardearon nuevamente. Esa acción se consideraría como un “crimen de guerra”.
En ese momento Hegseth había dicho que estaba al tanto de las operaciones en el Caribe y que, de hecho, él las había ordenado por indicaciones de Trump. Sin embargo, ahora, tras los señalamientos de “crimen de guerra”, tanto Hegseth, como Trump, aseguraron que no sabían sobre un segundo ataque y responsabilizaron al almirante Frank Bradley.
Desde septiembre Estados Unidos ha bombardeado más de 20 lanchas en el Caribe por sospechas de transportar narcóticos, dejando 83 personas muertas. Sin embargo, las autoridades de ese país no han presentado pruebas sobre las supuestas drogas que transportaban.
Diferentes organizaciones sociales, como la ONU y Human Rights Watch, sostienen que los bombardeos podrían ser ejecuciones extrajudiciales y que, incluso, si se demuestra que los blancos son narcotraficantes, deben ser sometidos a un proceso legal, no a la muerte.
El abogado Kovalik, por su parte, asegura que el ciudadano colombiano Alejandro Carranza, bombardeado por Estados Unidos, era pescador, por lo que su asesinato sería una ejecución extrajudicial, conocida en Colombia como «falso positivo».
